Con información de BAM Noticias
Aruntani SAC no quiere pagar. La minera, junto a dos de sus extrabajadores, ha presentado un recurso de casación. Esto para evitar desembolsar S/ 4.5 millones como reparación civil por la contaminación de ríos en Arequipa y Moquegua. La sentencia fue dictada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, pero ahora será revisada en la Corte Suprema de Lima.
Casación a la vista
El recurso de casación lo interpusieron el pasado 25 de julio ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Buscan que la Corte Suprema declare nula la sentencia que los responsabiliza del daño ambiental causado por filtraciones de la unidad minera Florencia Tucari, que afectaron cursos de agua en las regiones de Arequipa y Moquegua. El más afectado es el río Tambo, en la región mistiana.
La condena fue emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, que resolvió que tanto los exfuncionarios como la empresa debían asumir una reparación civil de S/ 4.5 millones. Delgado y Yurivilca, en su calidad de exjefes de planta y medio ambiente, respectivamente, admitieron haber cometido el delito de contaminación ambiental. Pero rechazaron ser responsables del pago. Argumentaron que el único obligado debía ser Aruntani como titular de la unidad minera.
Aruntani, por su parte, aseguró que la sentencia no consideró adecuadamente las pruebas presentadas durante el proceso. Indicó que informes periciales concluyeron que la contaminación no solo obedecía a la actividad minera, sino también a causas naturales. Además, la minera alegó que no se evaluó la cuantía exacta del daño ambiental, por lo que no correspondería fijar una reparación económica.
Carta fianza
Otro de los argumentos de la empresa es que el Estado ya contaba con una carta fianza por más de US$ 8.7 millones. Esta estaba destinada a la ejecución del plan de cierre de mina. Según Aruntani, este fondo cubriría cualquier impacto ambiental restante. Incluso citaron un informe interno de 2018 que atribuía el 59% de la contaminación a causas naturales y solo el 44.1% a la actividad minera.
Sin embargo, los jueces de la Sala Penal rechazaron parcialmente estos argumentos. Aclararon que la garantía por el plan de cierre no puede ser utilizada, ya que los daños ocurrieron antes de su ejecución. También descartaron que Delgado y Yurivilca puedan desligarse de sus responsabilidades. Según la sala ambos ocupaban cargos jerárquicos dentro de la empresa, y asumieron funciones que los comprometen directamente.
Pese a ello, los magistrados reconocieron que la empresa no era responsable del 100% del daño ambiental. Por ello, rebajaron la reparación civil de S/ 5 millones a S/ 4.5 millones. Ahora, será la Corte Suprema quien defina en última instancia si esta condena se mantiene o si se anula, como solicita Aruntani. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando justicia ambiental.
