El proyecto cuprífero Tía María vuelve al centro del debate nacional. Cosapi Minería anunció el inicio de obras estratégicas para habilitar el tajo La Tapada, paso crucial hacia la operación de la mina en 2027. Mientras Southern Copper avanza con maquinaria pesada y contratos millonarios, el conflicto con las comunidades de Islay sigue sin resolverse. El progreso técnico choca con un clima social frágil que amenaza con encenderse nuevamente.
Mientras la maquinaria pesada comienza a remover tierra en el desierto arequipeño, la tensión social se mantiene bajo una delgada capa de silencio. Cosapi Minería, una de las contratistas más grandes del país, anunció públicamente que es la encargada de ejecutar el desbroce del tajo La Tapada. Esta es la primera gran intervención física del cuestionado proyecto Tía María. El anuncio, realizado a través de LinkedIn, pasó casi desapercibido en los medios tradicionales, pero marca un punto de no retorno para Southern Copper.
Los trabajos no son menores. Se moverán millones de toneladas de tierra, se construirán nuevas vías de acarreo y se establecerán rutas estratégicas hacia la chancadora primaria. Además, se formará y capacitará a personal técnico en operación de maquinaria minera. Todo esto sucede mientras la empresa asegura que sigue “comprometida con la sostenibilidad y la seguridad”. Esto pese a las dudas que aún persisten sobre el impacto ambiental y el cumplimiento de los acuerdos sociales firmados.
El proyecto, con una inversión proyectada de US$ 1,802 millones, podría generar exportaciones de cobre por más de US$ 18,000 millones. Además de dejar ingresos fiscales por al menos US$ 3,800 millones, según cifras de Southern Copper. Sin embargo, estas proyecciones económicas no han sido suficientes para calmar la oposición de sectores del valle de Tambo. Estos recuerdan los antecedentes de 2011 y 2015, cuando las protestas contra Tía María dejaron muertos y cientos de heridos.
A pesar del clima tenso, Southern avanza. La minera ha reportado que ya se ha completado el 90% del desarrollo de caminos y plataformas. Más de 1,300 empleos se crearon en esta etapa inicial, con 802 ocupados por trabajadores locales. La narrativa oficial insiste en el desarrollo y la inclusión, pero el verdadero pulso del conflicto se juega en el terreno, donde la maquinaria avanza mientras la reconciliación social sigue en pausa.
