En una decisión que reconfigura el escenario judicial y político, la Sala Permanente de la Corte Suprema anuló la suspensión de 24 meses impuesta a Patricia Benavides, exfiscal de la Nación. El fallo responde al rechazo del Congreso a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía. Lo que, según los magistrados, impide aplicar medidas coercitivas sin autorización parlamentaria. Benavides queda, así, sin ninguna medida judicial vigente y debe reincorporarse como fiscal suprema, tal como ordenó la Junta Nacional de Justicia.
La resolución judicial obliga al Ministerio Público, encabezado por la fiscal suprema Delia Espinoza, a ejecutar la orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que significa que debe reincorporarse a Benavides en su cargo como fiscal suprema. Esta decisión genera tensiones dentro del propio sistema fiscal. Quienes han visto con recelo el intento de retorno de una figura cuestionada por presuntos vínculos con redes de corrupción como Los Cuellos Blancos del Puerto.
La Corte Suprema basó su fallo en un criterio clave: al haber sido rechazada la denuncia constitucional contra Benavides por parte de la Subcomisión de Acusaciones del Congreso, el Ministerio Público no tiene facultades para solicitar su suspensión sin previa autorización legislativa. De este modo, se invalida también la advertencia previa del Poder Judicial sobre un supuesto “riesgo de reiteración delictiva” si regresaba al cargo.
Durante la última audiencia, la Fiscalía solicitó extender la suspensión de 24 a 36 meses. Esto bajo el argumento de que existían nuevos elementos que sostenían la gravedad del caso. No obstante, la Corte Suprema consideró que, sin una denuncia constitucional admitida, cualquier medida restrictiva pierde sustento legal. En palabras del tribunal, toda acción que afecte el entorno jurídico de un alto funcionario con inmunidad “decae irremediablemente”.
En esencia, el fallo reafirma que solo el Congreso puede levantar la protección constitucional que ampara a funcionarios de alto rango. Como es el caso de la exfiscal de la Nación. Esto no solo anula la medida cautelar, sino que deja en pausa cualquier posibilidad de persecución penal en tanto no exista una acusación formal admitida por el Parlamento. Mientras tanto, la reinstalación de Benavides en la Fiscalía reaviva el debate sobre la fragilidad de los contrapesos institucionales en el país.
