El Congreso debatirá este viernes 1 de agosto si autoriza a Dina Boluarte a dejar el país entre el 5 y el 12 de agosto para asistir a eventos diplomáticos en Japón e Indonesia. La solicitud del Ejecutivo llega en medio de una fuerte desaprobación ciudadana hacia su gestión. Además, de crecientes cuestionamientos por priorizar viajes internacionales mientras persisten conflictos sociales sin resolver y demandas postergadas en el país.
Lejos de frenar su agenda internacional, la presidenta Dina Boluarte vuelve a apostar por la diplomacia exterior como bandera de gestión. Esta vez, busca representar al Perú en la Expo Osaka 2025 y concretar encuentros con altos dignatarios como el primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el emperador Naruhito. La gira también incluye una visita de Estado a Yakarta, en Indonesia, donde se ha previsto la firma de acuerdos de cooperación e inversión.
Sin embargo, el momento elegido no podría ser más incómodo. Mientras la mandataria afina su discurso para eventos en Asia, en casa su popularidad sigue cayendo. Las encuestas más recientes evidencian un descontento generalizado con su administración. La ciudadanía critica que Boluarte opte por salir del país en lugar de enfrentar los problemas de manera directa. Ya que hay varios conflictos sociales que se acumulan y las regiones reclaman atención urgente.
Desde Cancillería, el ministro Elmer Schialer salió a defender la decisión presidencial. Señaló que la invitación fue una iniciativa directa del gobierno japonés y calificó la audiencia con el emperador como un acto “extraordinario” en la diplomacia bilateral. También aseguró que el viaje tiene como objetivo atraer inversiones, aunque no detalló qué beneficios concretos traerían para la población en el corto plazo.
Mientras tanto, el Congreso —con nuevo presidente y fragmentado por intereses diversos— se prepara para votar. Algunos legisladores ya anticiparon su negativa, señalando que la presidenta no puede seguir viajando mientras el país arde. La decisión, más allá del trámite formal, se ha convertido en un nuevo termómetro político sobre el respaldo —o aislamiento— que Boluarte mantiene en la escena nacional.
