En una mesa de trabajo celebrada en el Colegio de Abogados de Arequipa, representantes de diversas bases mineras de las regiones de Arequipa, Ayacucho y Apurímac, junto a funcionarios de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), debatieron sobre los obstáculos que enfrenta la pequeña minería y propusieron soluciones concretas para acelerar el proceso de formalización.
Durante la jornada, uno de los pedidos centrales fue la ampliación del plazo para la presentación de las Obligaciones Técnicas y Sociales (OTS), cuya fecha límite es el 31 de diciembre del presente año. Se solicitó que dicha ampliación se formalice mediante un Decreto Supremo, que además aclare las competencias de la DGFM frente a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 009-2025, que actualmente asigna dicha presentación a la SUCAMEC.
Exigen respuesta
Entre los temas más urgentes, los mineros demandan respuestas inmediatas a los recursos de reconsideración presentados por aquellos que fueron excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La DGFM se comprometió a brindar una respuesta durante la próxima semana, asegurando que se priorizará la situación de los mineros vigentes en el registro.
Asimismo, se propuso flexibilizar el formato de la OTS y estandarizar los requerimientos para las categorías de Pequeña Minería (PPM) y Pequeña Minería Artesanal (PMA). El asesor legal de las bases de mineros artesanales, Nilson Flores, subrayó que la burocracia institucional entorpeció el avance de los trámites, responsabilizando a las entidades por los retrasos y exclusiones.
Ejemplo de mala gestión
El caso del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) fue señalado como ejemplo de mala gestión, al subir expedientes incompletos que terminaron en cancelaciones de procesos. Los contratos de explotación entre titulares de concesiones y mineros también fueron objeto de fuertes críticas. Se denunció que muchas veces las empresas solo firman por seis meses y con condiciones abusivas.
La DGFM indicó que, si bien no tiene potestad para intervenir en acuerdos privados, buscará facilitar mesas de diálogo para promover entendimientos entre las partes.
También se abordó el tema de las seleccionadoras, mujeres que participan en el proceso de recuperación de minerales. Por primera vez, el D.S. 009-2025 las contempla, pero falta definir su inclusión en el padrón nacional.
Otro punto crítico fue la falta de regulación clara sobre el uso del mercurio. Se solicitó que el Estado defina si es posible su utilización o, en su defecto, oriente sobre productos sustitutos viables. El tema ambiental también fue motivo de debate, especialmente respecto a las plantas de beneficio que operan en zonas pobladas sin estándares adecuados.
Los mineros insistieron en que muchos titulares de concesión tampoco lograron formalizarse. Esto evidencia que las trabas no recaen únicamente en quienes explotan sin ser propietarios. Se reclamó igualdad de condiciones frente a la gran minería y el cese de la criminalización del pequeño minero.
Lentitud en trámites
Se criticó también la lentitud de SUCAMEC en otorgar autorizaciones para el uso de explosivos. Los asistentes pidieron un procedimiento simplificado que permita acabar con el mercado negro de estos insumos y garantice una distribución oportuna.
Finalmente, se resaltó la necesidad de crear una normativa “flexible, inteligente y ambientalmente amigable” para resolver los principales cuellos de botella. Se planteó que el Decreto Supremo que amplíe el plazo de presentación de OTS también aborde la redefinición de competencias entre la DGFM y SUCAMEC.
