Mientras el país enfrenta una ola de críticas contra la presidenta Dina Boluarte y el Ejecutivo lidia con tensiones sociales, alertas costeras mal gestionadas y un repunte del crimen organizado, el Gobierno busca que el Congreso apruebe una nueva gira presidencial. Esta vez, el destino es Asia. El canciller Elmer Schialer defendió públicamente el viaje a Japón e Indonesia. Y no descartó presentarse ante el Pleno para justificarlo, pese a que la ciudadanía pide presencia y soluciones urgentes en casa.
Lejos de retractarse ante la desaprobación ciudadana, el Ejecutivo apuesta por avanzar con su estrategia internacional. El canciller Elmer Schialer no solo defendió el viaje de Dina Boluarte, sino que planteó que la política exterior “no puede detenerse”, incluso en un contexto de inestabilidad. La solicitud de autorización para la gira presidencial fue ingresada al Congreso esta semana y se espera que en los próximos días la Mesa Directiva fije su debate.
Según Schialer, el viaje responde a una invitación oficial del primer ministro japonés y al interés de mantener un vínculo estratégico con Japón. Un país que acoge a miles de peruanos y representa un socio comercial clave. En Tokio, Boluarte se reunirá con el emperador Naruhito y líderes empresariales, y encabezará el “Día del Perú” en la Expo Universal Osaka-Kansai 2025. El canciller considera que este tipo de eventos elevan la imagen institucional del país, aun si en el territorio nacional crecen las protestas.
Indonesia será la segunda parada de la gira. Allí, el foco será la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), que busca abrir más el mercado asiático a las exportaciones peruanas. Además, Boluarte sostendrá reuniones con el presidente indonesio y altos mandos de la ASEAN. El Ejecutivo asegura que el pacto traerá beneficios tangibles en pesca, seguridad y cooperación forestal.
Sin embargo, voces opositoras dentro y fuera del Congreso cuestionan la oportunidad del viaje. Alegan que la presidenta debe priorizar la crisis interna y no seguir delegando su representación mientras se agudiza el descontento popular. El debate sobre la autorización legislativa podría convertirse en una nueva escena de polarización, donde el Gobierno deberá convencer a un Congreso cada vez más escéptico y una opinión pública que ya no otorga cheques en blanco.
