Mientras Arequipa presume la menor informalidad laboral del país, más del 60% de su población trabaja sin derechos ni seguridad social. En respuesta, las comisiones del Consejo Regional de Trabajo han iniciado una agenda urgente para poner sobre la mesa los principales problemas del mercado local. Las cifras de subempleo, desempleo juvenil y la histórica brecha de género exigen respuestas concretas. El reto no solo es técnico, sino también político y estructural.
Las cifras no mienten: más de seis de cada diez trabajadores en Arequipa están en la informalidad, un fenómeno que precariza vidas y frena el desarrollo. En este contexto, las comisiones de Trabajo y Empleo del Consejo Regional han iniciado una serie de sesiones que apuntan a algo más ambicioso que simples diagnósticos: generar políticas que aterricen en soluciones. El espacio, de naturaleza multisectorial, busca traducir datos en decisiones de alto impacto.
El Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) trazó un panorama preocupante. El desempleo juvenil se dispara, y más del 38% de los jóvenes entre 15 y 29 años están fuera del sistema productivo. Este grupo, que debería impulsar la economía regional, vive atrapado entre la falta de oportunidades y la carencia de formación técnica alineada al mercado. El abandono escolar y la informalidad parecen ser los caminos alternativos.
Las mujeres no la tienen más fácil. Aunque son mayoría en edad de trabajar, siguen relegadas en el acceso al empleo: apenas representan el 43,3% de la PEA. La falta de políticas con enfoque de género y el escaso acceso a cuidados remunerados mantienen a muchas en la inactividad. Además, el 63,8% de la población inactiva en la región son mujeres, lo que revela una deuda histórica en inclusión laboral.
El Consejo Regional se ha propuesto transformar este diagnóstico en políticas públicas. El reto no será fácil: implica romper inercias institucionales, generar acuerdos políticos y diseñar propuestas que resistan el paso del tiempo. Sin embargo, si las comisiones logran trazar un camino hacia el empleo digno, inclusivo y sostenible, Arequipa podría marcar la pauta a nivel nacional en materia de gobernanza laboral.
