El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue rechazado por comunidades campesinas en Puno. Estos lo acusan de proteger al gobierno de Dina Boluarte y desentenderse de las víctimas de la represión. El representante de la Asociación de Víctimas del 9 de enero, Raúl Samillán, denunció que Gutiérrez jamás se reunió con los familiares de los fallecidos ni brindó apoyo a las investigaciones. El funcionario calificó el incidente como político, pero su defensa reavivó las críticas y el repudio popular.
Las comunidades quechuas y aymaras, junto a líderes de rondas campesinas, protagonizaron una contundente protesta durante la visita de Gutiérrez a la región. Al grito de “¡No nos representa!”, exigieron su retiro inmediato. Y lo acusaron de encubrir los crímenes cometidos durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El defensor tuvo que abandonar el lugar entre abucheos y reclamos de traición a su mandato constitucional.
Desde sus redes sociales, Raúl Samillán salió al frente para rechazar las declaraciones del defensor. Aseguró que nunca existió contacto con las familias de las víctimas y denunció que Gutiérrez incluso habría intercedido para que las carpetas fiscales regresen a Juliaca. De esa forma se obstaculizó las investigaciones por las muertes ocurridas en enero de 2023. “Este señor no es defensor del pueblo, es defensor de una banda de criminales”, sentenció.
Samillán, hermano del médico asesinado en las protestas, agradeció la valentía de las comunidades por expresar su rechazo. Y recordó que Gutiérrez ha incumplido reiteradamente sus promesas. En sus palabras, el funcionario “se ha burlado del dolor de las víctimas”, ignorando el deber institucional de velar por la verdad, la justicia y la reparación. La Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca mantiene firme su exigencia de sanción para los responsables de las muertes.
Además, convocó a la ciudadanía a sumarse a la marcha nacional programada para el 28 y 29 de julio en Lima y distintas regiones del país. Esta movilización busca visibilizar la lucha por justicia de los familiares de los fallecidos. Además de exigir una Defensoría del Pueblo verdaderamente autónoma y comprometida con los derechos humanos, no con los intereses del poder político.
