La jueza Janet Lastra, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción, declaró inadmisible el pedido de la Fiscalía Anticorrupción que buscaba suspender por 18 meses del cargo al general PNP Víctor Zanabria. El requerimiento, vinculado al caso “policías albañiles”, deberá ser corregido en un plazo de cinco días. Si el Ministerio Público no subsana las deficiencias, la solicitud será rechazada definitivamente.
Pide explicaciones a fiscal
La defensa de Zanabria respira aliviada tras el fallo judicial, que exige mayor precisión en la argumentación fiscal. La jueza Lastra solicitó al Ministerio Público explicar cómo la suspensión solicitada se vincula directamente con la medida preventiva y no constituye una sanción anticipada. Solo así se podría justificar una inhabilitación temporal del Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
Policías albañiles
Detrás de este requerimiento está el caso conocido como “policías albañiles”, donde se acusa a Zanabria y otros funcionarios de haber desviado la labor de quince efectivos policiales —asignados al patrullaje a pie durante la pandemia— para que realizaran trabajos de albañilería en la sede de la IX Macro Región Policial de Arequipa.
Las obras incluyeron mejoras en el patio de armas, astas de bandera y enchapado con piedra laja. El obrero Claver Colquehuanca reveló que fue contratado por 4,700 soles, pero que se le ofreció mano de obra gratuita: policías en lugar de ayudantes. Más tarde, y con una deuda de solo 200 soles pendiente, se le pidió participar en un proceso ficticio de contratación por 17,600 soles.
Colquehuanca ganó ese proceso y cobró el dinero. Sin embargo, según su testimonio, fue presionado para devolverlo casi en su totalidad al operador logístico Rolando Rodríguez. La devolución quedó registrada en una notaría el 16 de noviembre de 2020, hecho que sustenta la acusación por colusión y peculado doloso.
Donación sospechoca
La trama se oscurece aún más cuando la Fiscalía descubre una supuesta donación por ese mismo monto hecha por la minera La Soledad SAC. El dinero fue entregado sin registro oficial y sin resolución de aceptación. Para la fiscalía, se trató de un mecanismo ilegal para cubrir el pago irregular al obrero mediante fondos externos, sin dejar huella institucional.
Pese a la gravedad de los hechos, el general Zanabria continúa al frente de la Policía. La Fiscalía tiene plazo hasta el 25 de julio para presentar la acusación formal. Mientras tanto, la jueza espera una subsanación sólida del pedido de suspensión o, de lo contrario, archivará la medida de forma definitiva.
