Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, enfrenta una investigación preliminar por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto luego de que un ciudadano denunciara presuntas irregularidades en su decisión de no reincorporar a Patricia Benavides. La denuncia plantea cargos como abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia funcional. Mientras tanto, el Congreso insiste en su inhabilitación con cuatro denuncias constitucionales en marcha. Espinoza tiene diez días hábiles para presentar sus descargos.
La medida se tomó tras la denuncia presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, quien acusa a Espinoza de negarse arbitrariamente a reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, a pesar de una resolución de la JNJ. La encargada de conducir la indagación preliminar será María Teresa Cabrera Vega, integrante de la JNJ, quien determinará si existen fundamentos para abrir un proceso disciplinario formal. Espinoza, por su parte, alegó que la resolución que buscaba restituir a Benavides carecía de firmas válidas.
El conflicto se agudiza mientras el Congreso promueve su salida con cuatro denuncias constitucionales. La más insistente fue formulada por Fernando Rospigliosi, acusándola de desobedecer la ley que da a la Policía el control de las investigaciones preliminares. A ello se suma otra denuncia por beneficiar presuntamente a Pablo Sánchez, ex fiscal supremo, archivando una causa relacionada a los “CNM Audios”. Renovación Popular ha solicitado su inhabilitación por hasta 10 años.
Desde el entorno judicial, la situación no es menos compleja. El Poder Judicial ratificó la suspensión de Patricia Benavides por 24 meses, decisión respaldada por la JNJ. Gino Ríos, presidente de la junta, formalizó la aceptación de Espinoza como titular del Ministerio Público en base a la resolución judicial del 24 de junio. Aún así, el Congreso sigue presionando y cuestionando su legitimidad.
La JNJ precisó que la investigación preliminar no constituye una sanción ni adelanto de juicio, sino un procedimiento habitual ante una denuncia. En esta fase se recabarán pruebas, testimonios y documentos que permitan esclarecer si hubo o no infracción. La fiscal Espinoza se mantiene firme en su defensa de la autonomía del Ministerio Público, y cuenta con respaldo internacional como el de la relatora de la ONU, quien advirtió una campaña de represalia política contra su labor.
