Los comerciantes de la Asociación Ferial Siglo XX, ubicada en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, realizaron una protesta frente a la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Esto para expresar su desacuerdo con una sentencia que ordena la demolición de un muro perimétrico. Los comerciantes aseguran que esta estructura fue construida dentro de un terreno que ocupan desde hace más de 30 años y advierten que su destrucción afectaría gravemente sus actividades económicas.
Los negociantes advirtieron que no descartan continuar con movilizaciones si no se revisa la decisión judicial. Esta fue emitida por el magistrado Roberto Flores Suárez. Aseguraron que defenderán lo que consideran un derecho legítimo. Al tratarse de un espacio de trabajo que se consolidó con esfuerzo conjunto desde 1990.
El dirigente Rubén Rojas, coordinador del frente de defensa, indicó que el fallo se basa en una interpretación errónea del uso del predio. Aclaró que el muro fue edificado por los propios socios dentro de los límites del terreno que consideran de su propiedad, y no sobre un área pública o de acceso común. «El juzgado considera que es un caso de servidumbre, pero no aplica porque la construcción está en el interior del predio», precisó Rojas.
Intento fallido
Según refieren los comerciantes, ya se intentó ejecutar la demolición el pasado 7 de julio, pero la intervención fue suspendida. Ahora temen que una nueva orden reanude el proceso, lo cual podría derivar en enfrentamientos entre asociaciones vecinas debido al clima de tensión generado.
La asociación sostiene que el terreno fue utilizado por ellos de manera pacífica y continua desde 1990, pero que la sentencia se ampara en un título de propiedad diferente, sin considerar los antecedentes de ocupación. Esta situación generó preocupación entre los socios, quienes piden que se valore adecuadamente su posesión y se respete su derecho al trabajo.
Por ello, solicitan que el caso sea evaluado nuevamente por el Juzgado Constitucional, a fin de frenar la ejecución de la medida. Consideran que aún existen aspectos jurídicos por esclarecer y que una revisión imparcial podría revertir la sentencia y evitar perjuicios mayores a los comerciantes afectados.
