Estados Unidos sancionó al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Esto por presuntamente encabezar una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión incluye la revocación de visados para el magistrado, sus aliados y familiares. La medida agudiza la tensión bilateral y se produce tras nuevas restricciones judiciales contra el líder ultraderechista, investigado por un presunto complot golpista.
La sanción anunciada por el gobierno de Estados Unidos contra el juez Alexandre de Moraes ha desatado una grave crisis diplomática entre Washington y Brasilia. Marco Rubio, secretario de Estado, informó que se revocaron los visados del magistrado, de sus presuntos aliados en el Supremo Tribunal Federal y de sus familiares directos. Lo acusan de promover una política de persecución que trasciende las fronteras brasileñas.
Rubio aseguró que la actuación de Moraes representa una amenaza para la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Debido a que limitó la actividad de cuentas y personas afines a Bolsonaro incluso fuera del territorio brasileño. La medida llega luego de que el Supremo impusiera restricciones adicionales al expresidente. Tales como el uso de tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales y el impedimento de comunicarse con diplomáticos o coacusados.
El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta una investigación por su presunta participación en un plan para desconocer los resultados electorales de 2022, que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía lo acusa de liderar una conspiración junto a exministros y miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, ha respaldado públicamente a Bolsonaro, calificándolo como víctima de un “régimen de censura”. En esa línea, también ordenó la aplicación de un arancel adicional del 50% a productos brasileños, en señal de presión.
Desde Brasil, el presidente Lula da Silva defendió la actuación del Poder Judicial y exigió respeto por la institucionalidad. Calificó la postura del gobierno estadounidense como un “chantaje inaceptable” y advirtió que no permitirá intromisiones en los asuntos internos del país.
