La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó este viernes 18 de julio la denuncia presentada por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. Pese a la gravedad de los hechos —más de 40 personas fallecieron— no hubo debate parlamentario previo a la votación. La decisión la respaldaron congresistas de diversas bancadas, blindando políticamente a la mandataria.
La denuncia constitucional archivada la presentó el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Esta incluía cargos por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves. Sin embargo, el congresista José Jerí, delegado del caso, argumentó que no existían elementos suficientes que acrediten una conducta penalmente atribuible a Dina Boluarte. Según Jerí, no se hallaron órdenes directas ni vínculos causales entre las decisiones presidenciales y los resultados letales ocurridos durante las manifestaciones.
Durante la sesión de la Subcomisión, que no contó con intervenciones de otros congresistas más allá del ponente, se evitó el debate. El resultado fue una votación directa que selló el archivamiento del expediente 509. Solo los legisladores Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista) manifestaron su oposición a esta medida. El resto de los votos provinieron de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, entre otras agrupaciones. Todos cerraron filas a favor de la presidenta.
La resolución generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre los familiares de las víctimas, quienes consideran que la decisión refleja un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso. Organismos de derechos humanos también han expresado su preocupación por el precedente que deja este blindaje político. Cabe recordar que las muertes ocurrieron en regiones como Puno, Cusco y Apurímac, en medio de duras represiones policiales a las movilizaciones sociales.
Aunque la denuncia fue archivada en sede parlamentaria, el informe subraya que el Ministerio Público puede continuar con las investigaciones en el ámbito penal. Sin embargo, al no existir respaldo político para una acusación constitucional, cualquier intento por llevar a juicio a la mandataria se complica. Por ahora, el Congreso ha cerrado la puerta a una posible responsabilidad política de Dina Boluarte por los hechos ocurridos durante su primer mes de gobierno.
