La Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa inició una investigación preliminar contra la promotora del colegio Lord Byron School, Lidia Silvia Medina Lazo y el director Jeffrey Fernández Castillo. Las diligencias iniciaron por una denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo de Arequipa, tras advertirse presuntas contravenciones a los derechos fundamentales del estudiante de iniciales J.A.R.R.
De acuerdo con la investigación, los mencionados directivos incurrieron en prácticas abusivas al sancionar al menor por ejercer su derecho a vacaciones escolares en la semana oficialmente dispuesta por el Ministerio de Educación. La medida tomada por la institución incluyó en la suspensión del alumno y su posterior expulsión. Esto sin que se respetaran las garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
El colegio habría impuesto, de forma unilateral, clases de reforzamiento durante la semana de vacaciones. Tras la ausencia del estudiante y otros dos compañeros, se le sancionó de manera desproporcionada. Esta acción no se encontraba regulada en el reglamento interno del plantel, ni tampoco contaba con sustento en la Ley General de Educación.
Malos antecedentes
No es la primera vez que la institución educativa se ve envuelta en hechos de esta naturaleza. La Defensoría del Pueblo señaló que este caso se suma a una serie de antecedentes que evidencian una conducta reiterada de negligencia. Sobre todo frente a situaciones que comprometen la integridad de los escolares.
Uno de los hechos más graves que se investigan es el presunto encubrimiento de un caso de violencia sexual en el entorno escolar. Según el Informe N.° 075-2025-GRA/GREA/UGEL. ANAGP/GJZCH/ECEU de la UGEL Norte de Arequipa, la promotora Lidia Medina Lazo incumplió su deber legal de comunicar, en un plazo máximo de 24 horas, un hecho de violencia sexual a la Policía, al Ministerio Público y a la UGEL Norte.
La omisión permitió que el presunto agresor, denunciado por el delito de violación, eludiera la acción de la justicia y actualmente se encuentra prófugo. Esta falta de diligencia ha causado una afectación directa y grave a los derechos de la estudiante agraviada. Lo que ha generado un ambiente de inseguridad en el plantel.
Más sanciones
En años anteriores, la institución educativa también fue sancionada por situaciones similares. En 2012, mediante la Resolución N.° 594-2012/INDECOPI-AQP, el colegio fue penalizado por retirar indebidamente a un estudiante sin observar su propio reglamento interno. Y contraviniendo el debido proceso.
Posteriormente, en 2016, la Resolución N.° 802-2016/INDECOPI-AQP reveló que la institución no adoptó medidas de protección adecuadas frente a una situación de riesgo que afectaba a una alumna. Estos hechos reflejan una conducta sistemática de inacción ante situaciones que exigen una respuesta inmediata.
En el año 2023, el colegio fue sancionado nuevamente por INDECOPI a través de la Resolución N.° 576-2023/INDECOPI-AQP, con una multa superior a S/155,000. Esto luego de comprobarse que no actuó frente a denuncias de hostigamiento escolar, ignorando señales de abuso que comprometían la salud emocional de un menor.
Diligencias
En el marco de la investigación, se solicitó la revisión del reglamento interno del colegio, así como de sus protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo. El fin es asegurar que se ajusten a lo establecido por el Ministerio de Educación y las normas de protección de la niñez.
La Fiscalía de Familia señaló que no se trata únicamente de una falta administrativa, sino de posibles vulneraciones legales que podrían derivar en sanciones penales para los responsables del colegio. En ese sentido, se solicitó la colaboración de la UGEL Norte y otras entidades para la recopilación de pruebas y testimonios.
