El proyecto minero Tía María continuará su curso legal. Esto tras la decisión del Primer Juzgado Civil de Islay, que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por un grupo de ciudadanos que se oponen a su ejecución. Según el fallo emitido el 11 de julio de 2025, no se demostró una amenaza directa al derecho a un ambiente sano. Por lo que se descartó el uso del amparo como vía urgente para frenar el proyecto.
El juzgado concluyó que los demandantes no acreditaron una amenaza concreta e inminente al medio ambiente, lo que impide que el proceso de amparo proceda. Además, consideró que existe otra vía adecuada para resolver la controversia: el proceso contencioso administrativo, mecanismo ordinario previsto para estos casos.
En su decisión, el juzgado también recordó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero fue validado por la Corte Suprema en 2018. El mismo que no fue anulado. Tía María, promovido por Southern Copper Perú, aún no ha iniciado operaciones extractivas y se encuentra en fase de construcción, por lo que no hay una afectación ambiental directa.
La demanda, además de cuestionar el EIA, planteaba que no existen licencias adecuadas para uso de agua y acusaba una supuesta afectación al ecosistema Lomas de Cachendo. También se alegaba el uso indebido de terrenos del Estado, argumentos que fueron desestimados por no acreditar daños concretos.
Finalmente, el juzgado precisó que, aunque se rechazó la vía del amparo, los opositores aún pueden recurrir a los tribunales por la vía administrativa ordinaria. La resolución refuerza la posición legal del proyecto Tía María, cuya ejecución sigue siendo tema de debate social en la región de Islay.
