El Distrito Fiscal de Arequipa informó que el operativo de interdicción realizado el 15 de julio en zonas mineras de la provincia de Caravelí fue ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) sin conocimiento ni participación de representantes del Ministerio Público. Es decir, fue una operación unilateral de los agentes.
Según el comunicado oficial, tanto la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental como la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí desconocían la realización del operativo. Los despachos fiscales no fueron notificados previamente sobre su ejecución ni el sustento jurídico que lo respalde.
Las acciones policiales incluyeron la voladura de socavones con dinamita en el sector de Ishihuinca. Sitio donde opera la empresa minera Futuro Caravelí, integrada por pobladores organizados, que desde 2015 recuperaron una mina abandonada por la empresa Minera Buenaventura. Futuro Caravelí es una entidad formalmente constituida, reconocida por el Estado y titular de 13 denuncios mineros legalmente adquiridos.
Sin embargo, la intervención no distinguió entre concesiones legales e informales, destruyendo infraestructuras pertenecientes a operaciones legalizadas. La situación ha generado un fuerte malestar entre los mineros formalizados. Estos denuncian un abuso de autoridad por parte de la PNP y exigen una investigación inmediata de lo ocurrido.Además se generó un clima de tensión e incertidumbre entre los trabajadores y sus familias.
Además, se reportó que otras organizaciones mineras legalmente constituidas, como Calpa Renace y Chaparra, también fueron afectadas por el operativo.
Abuso y miedo
Las mujeres pallaqueras, trabajadoras que seleccionan mineral en los exteriores de las minas, se vieron especialmente afectadas por las explosiones. Muchas de ellas tuvieron que abandonar sus labores y caminar durante horas hacia los pueblos cercanos. Y es que temían por su seguridad ante el sorpresivo ingreso de los agentes policiales.
Otro punto preocupante fue la solicitud de los policías de acceder a las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas a las minas. Según los denunciantes, esta medida tuvo como finalidad identificar a los trabajadores presentes durante el operativo. Lo cual fue calificado por los pobladores como un acto intimidatorio y violatorio de sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público, por su parte, reafirmó su compromiso de actuar siempre en el marco del orden jurídico y de forma coordinada con la Policía Nacional, cuando las acciones sean comunicadas adecuadamente. A la fecha, se desconoce si la Fiscalía iniciará acciones frente a la intervención no informada.
