Un operativo de interdicción realizado este martes en diversos sectores de la provincia de Caravelí sepultó varias labores de explotación minera. Estas acciones policiales alcanzaron zonas donde se desarrolla la minería legal y reconocida por el Estado. Pobladores de la zona denuncian el ingreso arbitrario de los agentes del orden y demandan respuestas inmediatas.
La operación incluyó la voladura de socavones con dinamita en el sector de Ishihuinca, a pesar de tratarse de una zona operada por mineros formalizados bajo la concesión de la empresa Futuro Caravelí. Esta compañía es producto de una iniciativa local que agrupa a pobladores organizados que, desde 2015, recuperaron una mina abandonada por la empresa Minera Buenaventura.
Inicio de operaciones
Cuando Buenaventura dejó de operar en el sector sin concluir el estudio de impacto ambiental correspondiente, vendió los derechos de explotación a la empresa Futuro Ica, que, a su vez, los transfirió a Futuro Caravelí. Esta es una organización minera integrada por habitantes de la zona y formalmente constituida bajo los marcos legales establecidos por el Estado.
Actualmente, Futuro Caravelí posee 13 denuncios mineros legalmente adquiridos, de un total de 21 que conforman el conjunto de concesiones en la zona. No obstante, de acuerdo con fuentes locales, el personal policial que realizó la intervención actuó sin distinguir entre las áreas legalmente autorizadas y las que no lo están. Y destruyeron infraestructuras pertenecientes a mineros formalizados.
De forma paralela, se informó que los efectivos policiales también se dirigieron hacia otros sectores, donde opera la organización minera Calpa Renace y Chaparra. Las consecuencias sociales del operativo no se hicieron esperar. Las mujeres pallaqueras —trabajadoras que seleccionan manualmente restos de mineral en el exterior de las minas— se vieron obligadas a abandonar abruptamente sus labores debido a las explosiones. Descendiendo a pie desde la zona minera hasta el pueblo por temor a resultar afectadas.
Además, se denunció que efectivos policiales solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de viviendas cercanas. El objetivo sería identificar y posiblemente denunciar a los mineros presentes durante la operación. Esta medida fue calificada como intimidatoria por los pobladores y mineros, quienes exigen garantías para el respeto de los derechos de los trabajadores formales.
Alistan denuncias
El asesor legal de las bases de mineros artesanales de Caravelí, Nilson Flores, rechazó el operativo ejecutado por la Policía en las bocaminas. Según denunció, la intervención se ejecutó sin previo aviso ni coordinación con las organizaciones locales.
El letrado sostuvo que el accionar de las fuerzas del orden se basó en criterios arbitrarios, como la ausencia de trabajadores en el momento de la visita. “La Policía ha realizado una interdicción sin comunicación. Si en alguna labor no encontraban a nadie, la han dinamitado. Los mineros se enferman, viajan, realizan otras actividades. No todos los días están en su labor”, declaró, cuestionando la validez del procedimiento.
Tras estas detonaciones en los socavones, anunció que presentarán un informe formal ante el Ministerio de Energía y Minas, con conocimiento del Ministerio del Interior. De esa forma exigirán explicaciones sobre los criterios utilizados durante el operativo. Asimismo, indicó que están recopilando información técnica y coordenadas precisas de cada labor minera afectada. El objetivo es constatar si se vulneraron derechos de operadores legales, a fin de proceder con las denuncias correspondientes.
Finalmente, recordó que en Ishihuinca los mineros cuentan con títulos de concesión válidos y forman parte de procesos de formalización reconocidos por el Estado. En ese sentido, insistió en que cualquier afectación a sus labores constituye un atropello legal que deberá ser investigado y sancionado conforme a ley.
Guardan silencio
Por ahora, la Policía Nacional no brindó un pronunciamiento oficial detallado sobre el alcance ni la justificación legal de las acciones en zonas formalizadas. Tampoco se especificó si se realizó una inspección previa para determinar la legalidad de cada punto intervenido.
Consultado por Revelación.pe, el jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides Ponce de León, negó tener conocimiento sobre el operativo de interdicción minera que se ejecutó en la región. En comunicación telefónica, el alto mando policial indicó que se encuentra en Lima y que dicha acción no estaría bajo su competencia. Sugiriendo que podría haber sido coordinada directamente por una unidad especializada del nivel central.
«Yo no conozco eso. Esa es otra unidad, eso lo hace Lima», declaró escuetamente. El temor a nuevos operativos genera un clima tenso en Caravelí. Muchos trabajadores optaron por suspender sus actividades, mientras aguardan algún pronunciamiento que garantice el respeto a los derechos de los operadores legales.
