Un centenar de agricultores alzó su voz en la sede de la Autoridad Local del Agua Colca, Siguas–Chivay. Esto tras conocer que el presidente de la Junta de Usuarios Pampa de Majes (JUPM), Fernando Olazabal, dispuso más de S/ 1.6 millones de fondos colectivos para comprar maquinaria, sin justificación técnica ni consulta real a los usuarios. La decisión pone en riesgo obras urgentes y genera sospechas de uso político a puertas de nuevas elecciones.
Con carteles y reclamos encendidos, los agricultores exigieron detener la decisión del Consejo Directivo de la JUPM. Y es que el pasado 11 de julio autorizó la compra de un cargador frontal, una retroexcavadora y una camioneta. Denuncian que Olazabal tomó esta medida con el respaldo de solo 40 asistentes en una asamblea general. Dejando al margen a los 2,680 usuarios que integran la organización y vaciando dos fondos esenciales: el FONCORE y el presupuesto POMDIH 2025.
Frente a la protesta, el administrador de la ALA, Miguel Fernández Mares, convocó una mesa de trabajo donde confirmó que su despacho ya observó el pedido de reprogramación por falta de sustento técnico. Aunque reconoció que el reclamo de los usuarios tiene fundamento, precisó que para proceder se requiere una queja formal documentada. Si la Junta no presenta justificaciones válidas, advirtió, no autorizarán la modificación presupuestal.
Exdirigentes como Sixto Paredes y Nelson Martínez recordaron que el fondo de emergencia FONCORE fue creado en 2010 para responder a daños en infraestructura hídrica, y no para adquirir vehículos. Denunciaron que el mismo Olazabal, durante su gestión anterior, vació ese fondo y dejó a la organización sin recursos para pagar sueldos. Hoy, mientras canales como el Madre 1-R y sectores como El Alto enfrentan riesgos de colapso, los fondos se desvían hacia maquinaria innecesaria.
A solo tres meses para elegir un nuevo Consejo Directivo, los agricultores sospechan que Olazabal pretende usar la maquinaria como vitrina electoral en el aniversario de la JUPM el próximo 2 de septiembre. Mientras tanto, la ALA instó a los usuarios inconformes a formalizar sus denuncias, reiterando que no aprobarán ningún gasto sin sustento legal ni técnico. La defensa de los recursos comunes está en juego.
