El abogado Nilson Flores, representante legal de las bases de mineros informales del centro poblado de Río Grande, en la provincia de Caravelí (Arequipa), denunció que detrás del reciente paro de mineros existe un claro aprovechamiento político. Según afirmó, las bases que representa no participaron en la jornada de lucha impulsada por la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores del Perú (Confemin), debido a que el pedido central —la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo— es inconstitucional.
El letrado sostuvo que el principal argumento de los manifestantes ya había sido descartado por el Tribunal Constitucional. “Hay una sentencia clara que dice que el proceso del Reinfo no puede ser permanente. Pues eso se interpretaría como una forma de acaparamiento de recursos”, explicó. En ese sentido, calificó como un engaño a los miles de mineros movilizados. Señalando que sus dirigentes y algunos parlamentarios les ofrecieron promesas que sabían imposibles de cumplir. Incluso ocasionando la muerte de una persona en Chala.
“La responsabilidad recae en la Confemin y en el congresista Guido Bellido, integrante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Ellos sabían que la ampliación indefinida del Reinfo contraviene la Constitución. No se puede ofrecer una norma que vulnere derechos de terceros”, manifestó Flores. También apuntó que se está utilizando la lucha minera como plataforma para intereses partidarios.
A fin de evitar más conflictos sociales, el abogado propuso un paquete de tres medidas técnicas y viables. Estas presentadas al Ejecutivo como parte de una reconsideración para aprobar una versión mejorada de la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala). La primera de estas es la restitución del derecho de preferencia para mineros artesanales con inscripción en el Reinfo, en zonas donde las concesiones hayan caducado.
“Actualmente, muchos de estos mineros trabajan en zonas donde las concesiones han expirado. En esos casos, el Estado debería adjudicar dichas áreas a quienes ya están formalizados en el Reinfo. Con esta medida se resolvería el problema de más del 40% de mineros que hoy reclaman la extensión del registro”, sostuvo el representante legal.
La segunda propuesta contempla la implementación de corredores mineros en zonas naturales, siempre que los estudios técnicos garanticen la no afectación al ecosistema. Según Flores, esto permitiría ordenar la actividad extractiva sin dañar el medio ambiente, brindando seguridad jurídica a los pequeños productores.
Por último, planteó la reducción del plazo de concesión minera a aquellas empresas que no hayan intervenido las áreas asignadas en un período de ocho años. “No es justo que existan empresas que solo acaparan y no hacen uso de los terrenos. Es hora de dar la oportunidad a quienes sí están dispuestos a trabajar”, señaló.
Nilson Flores insistió en que el camino no es la confrontación, sino la búsqueda de soluciones técnicas y constitucionales. Pidió al Gobierno central abrir canales de diálogo con bases legítimas de mineros, dejando de lado a aquellos dirigentes que —según dijo— sólo buscan réditos personales o políticos. Esto en alusión a Máximo Franco Bequer, militante del partido político Renovación Popular de Rafael López Aliaga.
