Delia Espinoza, fiscal de la Nación, cuestionó públicamente a la presidenta Dina Boluarte por excluir al Ministerio Público de una mesa de trabajo clave contra la minería ilegal. Recordó que, mediante decreto supremo emitido por el propio Gobierno, la Fiscalía forma parte de una comisión multisectorial con funciones permanentes en este tema.
En un oficio dirigido a la jefa de Estado, Espinoza expresó su “preocupación” y “extrañeza” por no haber sido convocada a la reunión de alto nivel sobre minería informal, desarrollada el lunes 14 de julio. Señaló que, según el Decreto Supremo N.° 143-2023-PCM, el Ministerio Público tiene un rol institucional dentro de la Comisión Multisectorial creada por el propio Ejecutivo, lo que hace incomprensible su exclusión.
La fiscal remarcó que su institución participa activamente en la lucha contra la minería ilegal a través del fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. En su carta, advirtió que excluir a la Fiscalía no solo debilita la estrategia estatal, sino que también pone en riesgo la legalidad, transparencia y sostenibilidad de cualquier proceso de formalización minera impulsado desde el Ejecutivo.
El domingo 13 de julio, Boluarte anunció públicamente la conformación de la mesa de trabajo, invitando a representantes del Congreso, el Poder Judicial, gremios mineros y empresas del sector. Sin embargo, el Ministerio Público no recibió ninguna comunicación formal para asistir, a pesar de su papel fundamental en el proceso penal contra redes de minería ilegal y organizaciones criminales vinculadas.
Espinoza cuestionó que el Gobierno priorice la participación de actores sin facultades investigativas, mientras deja fuera a la entidad que dirige las investigaciones y formula acusaciones. Además, advirtió que los jueces, aunque importantes en el sistema, no pueden actuar sin requerimientos de la Fiscalía, lo que refuerza la necesidad de su presencia en estos espacios de coordinación estatal.
