Por: Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
En el Perú, cada cierto tiempo vemos protestas, con carreteras bloqueadas, piedras volando y policías con escudos enfrentándose a manifestantes. Algunas de estas protestas tienen causas justas: falta de servicios, obras abandonadas, o decisiones del gobierno que afectan a las comunidades. Pero, ¿qué pasa cuando estas protestas se vuelven violentas? ¿Quién carga con la responsabilidad: ¿El Estado que hace cumplir la ley o quienes arman el desorden?
Primero hay que ser claros. El gobierno tiene el deber de hacer cumplir la ley. Eso no es opcional. La Constitución dice que el Estado debe garantizar el orden, los derechos y la seguridad de todos. Si alguien cierra una carretera, toma una planta de agua o quema un local, el Estado está obligado a actuar. No puede hacerse de la vista gorda.
Pero ojo, eso no le da carta libre para reprimir sin medida. Según normas internacionales, como las de la ONU, la fuerza solo se puede usar cuando es estrictamente necesario, y sin excesos. No es lo mismo despejar una vía que disparar a mansalva.
Ahora, del otro lado, están los que convocan las protestas. Protestar es un derecho, sí, pero debe ser pacífico. Si un grupo llama a marchar y sabe que eso va a acabar en enfrentamientos, quemas o saqueos, también tiene responsabilidad. No basta con decir “yo solo convoqué”.
La verdad es que muchas veces nadie dialoga con nadie. El gobierno responde tarde o con palos, y los dirigentes sociales prefieren la presión en vez de sentarse a negociar. Así no vamos a ningún lado.
¿Qué se puede hacer? Para empezar, más diálogo de verdad, no solo para la foto. Que el Estado escuche antes que reviente el conflicto. Y que las protestas sean organizadas, sin permitir que se cuelen vándalos o radicales.
El Perú necesita orden con justicia y reclamos con respeto. Cumplir la ley no debe ser visto como abuso, ni protestar como crimen. Pero si hay violencia, alguien tiene que asumir la culpa. Y no, no siempre es el otro.
