Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
En la primera quincena de julio del 2025, los mineros artesanales e informales, iniciaron un paro indefinido como respuesta al endurecimiento de los requisitos para permanecer en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y a la falta de avances legislativos en torno a la Ley MAPE. Esta movilización, con epicentro en regiones como Arequipa (Chala, Ocoña) e Ica (Nazca), paralizó la Panamericana Sur, afectando el abastecimiento en varias ciudades del sur del Perú.
El paro generó consecuencias económicas y sociales de gran magnitud. El bloqueo de carreteras provocó escasez de productos y combustible en varias regiones del sur, lo que afectó a transportistas, comerciantes y consumidores.
El distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, se convirtió en un punto neurálgico de la protesta. Tanto por su dependencia económica de la minería informal como por la intensidad de los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Buena parte de su economía local depende de esta actividad, la cual genera empleo directo e indirecto en sectores como transporte, comercio y servicios básicos. Ante ello, gran parte de la población local percibe las restricciones gubernamentales no como una política ambiental necesaria, sino como una amenaza directa a su subsistencia. El respaldo al paro por parte de Chala no es solo ideológico, sino esencialmente económico.
Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional dejaron numerosos heridos en Arequipa e Ica. El hecho más grave ocurrió en Chala, donde falleció Alexander Checa Montalvo, un joven taxista que, según testigos, no participaba de la protesta. Su muerte, producto de un impacto de bala en el pecho, generó indignación local y obligó al Ministerio Público a iniciar una investigación
Tras más de diez días de paralización, el Ejecutivo aceptó abrir una mesa técnica con los representantes del sector minero informal y artesanal. El objetivo es revisar los criterios de exclusión del REINFO. Estos gestos fueron interpretados por los dirigentes mineros como avances iniciales, lo cual permitió declarar una tregua de 24 horas mientras se desarrolla el diálogo.
De no existir compromisos claros —como una reformulación razonable del REINFO y una nueva Ley MAPE que reconozca las condiciones reales del minero artesanal— es probable que la protesta se reactive.
