José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán, recibió US$1 millón en efectivo de Odebrecht. Esto según confesiones de Jorge Barata y Raúl Pereira ante el tribunal arbitral de Washington. Este monto fue parte de un financiamiento ilegal de US$3 millones solicitado por Castro para frenar la revocatoria de la exalcaldesa de Lima.
Confesiones de Odebrecht
Las declaraciones se conocieron durante el arbitraje internacional iniciado por Rutas de Lima contra la Municipalidad de Lima. La defensa del municipio presentó como testigo a José Miguel Castro y reveló testimonios de los exdirectivos de Odebrecht y Rutas de Lima. Quienes aseguraron que el exfuncionario pidió directamente el dinero para financiar la campaña política.
Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, relató que la entrega de dinero fue acordada tras una reunión con Castro en su despacho. De los US$3 millones ofrecidos por Odebrecht, un millón se entregó en efectivo en Lima. Y el resto se transfirió a Brasil para cubrir los servicios del publicista Luis Favre, encargado de la campaña.
Raúl Pereira Neto, exgerente de Rutas de Lima, confirmó el pedido de los US$3 millones y afirmó que él mismo entregó US$1 millón en efectivo a Castro. El mismo que está identificado con el seudónimo “Budián” en los registros de pagos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, oficina encargada de canalizar sobornos.
El dinero fue retirado en efectivo por Jorge Barata en las oficinas de Odebrecht en Perú, quien luego se lo entregó a Pereira para su traslado a Castro. Además, Barata detalló que “Budián” era el codinome con el que identificaban a José Miguel Castro en la contabilidad secreta de la constructora.
Motivos del suicidio
Según el laudo arbitral del tribunal de Washington, la MML no logró probar que la concesión de los peajes fue producto de un soborno. Pero sí se registraron las confesiones y pruebas documentales sobre los pagos ilícitos de Odebrecht para la campaña de Villarán. Estos datos agravan la situación penal de Castro.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión para Castro y de 15 años para su cuñada, Daniela Maguiña Ugarte. Esta última acusada de lavar el dinero mediante la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, que sirvió como canal para blanquear los fondos entregados por la constructora brasileña.
Diversas fuentes sostienen que el escenario judicial inminente habría influido en el reciente suicidio de Castro, ocurrido días antes del juicio oral. La posibilidad de confirmar la acusación contra su cuñada y una sentencia condenatoria habrían incrementado la presión psicológica sobre el exfuncionario.
