La actual crisis que atraviesa el sur del país a raíz de las prolongadas manifestaciones de mineros artesanales en la Panamericana Sur puso en evidencia profundas falencias en el proceso de formalización minera liderado por los gobiernos regionales. En especial, el Gobierno Regional de Arequipa, que fue señalado como uno de los responsables del estancamiento que afecta a miles de trabajadores del sector.
GRA no avanzó en formalización
Durante una reciente visita a la región, el director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Máximo Gallo Quintana, lanzó duras críticas contra la gestión de Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa y sus antecesores. El funcionario lamentó la actitud evasiva de las autoridades regionales. Según dijo, postergaron la atención a más de 3 mil solicitudes de revisión de instrumentos de gestión ambiental para la formalización minera (IGAFOM).
Gallo Quintana advirtió que esta omisión no es exclusiva de Arequipa. Explicó que a nivel nacional se detectaron prácticas similares en otros gobiernos regionales. Durante los últimos doce años han “encarpetado” los expedientes presentados por los mineros sin ofrecerles una ruta clara para culminar su proceso. En Arequipa, incluso, se extraviaron más de 150 documentos oficiales.
“El procedimiento ha sido muy mal hecho desde el principio. Muchos mineros entregaron todos sus papeles y no se les dio respuesta. En Arequipa, tenemos casos donde los expedientes no han sido evaluados ni procesados en años”, sostuvo el funcionario del Minem. Esta situación, dijo, motivó al Congreso de la República a modificar recientemente el marco legal, transfiriendo la responsabilidad del proceso de formalización directamente al Ejecutivo nacional.
Formalización incierta
Actualmente, más de 6 mil mineros artesanales en Arequipa continúan habilitados en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y tienen hasta el 31 de diciembre de este año como plazo máximo para formalizarse. Sin embargo, la incertidumbre crece entre ellos, pues afirman haber cumplido con los requisitos sin recibir respuesta alguna del Gobierno Regional. “Están preocupados y con razón”, remarcó Gallo.
La falta de acción por parte del GRA intensificó el descontento social en zonas mineras como Chala, epicentro de las protestas. Allí, la población se encuentra atrapada entre los reclamos de los trabajadores y la represión policial. La muerte de un civil en los enfrentamientos recientes agravó el clima de tensión. Aunque la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) anunció una tregua, el conflicto de fondo permanece sin solución.
El Ministerio de Energía y Minas también reveló que en el Reinfo se mantenían registrados mineros cuyas inscripciones llevaban más de cuatro años suspendidas sin presentar ningún avance en su formalización. “¿Qué hace un minero que no ha trabajado en un año y sigue inscrito?”, se preguntó Gallo, criticando la laxitud del sistema anterior.
Como parte de una reciente depuración del padrón nacional, el Ejecutivo excluyó a 55 mil 600 mineros informales que no cumplían con los requisitos mínimos, de los cuales más de 10 mil pertenecían a Arequipa. Actualmente, solo 31 mil permanecen inscritos a nivel nacional.
A pesar de estas graves observaciones, el gobernador Rohel Sánchez optó por minimizar las acusaciones. En declaraciones a la prensa, indicó que desde hace ocho años se inscribieron 16 mil mineros en Arequipa, de los cuales apenas 4 mil iniciaron su trámite. De ellos, únicamente 395 lograron formalizarse. “No se formalizaron por el sistema y por el mismo descuido de los interesados”, justificó.
Mientras tanto, el conflicto sigue latente y amenaza con escalar si no se establecen mecanismos inmediatos para atender las demandas del sector minero artesanal. La intervención directa del Ejecutivo podría ser un paso clave, pero los efectos del abandono institucional todavía pesan sobre miles de familias que viven de esta actividad.
