El caso Lava Jato sigue dejando escombros políticos. Esta vez, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por haber recibido millonarios aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante su campaña por el ‘No’ a la revocatoria en 2013.
La medida fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien acogió el pedido del fiscal José Domingo Pérez. El magistrado consideró que existe peligro procesal y que la imputación por lavado de activos justifica la medida más severa dentro del marco legal. Villarán, por su parte, no se opuso. “Yo me allano al impedimento de salida del país. No tengo intención de huir”, declaró durante la audiencia.
El contexto no es menor. La decisión judicial se da pocos días después de la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y brazo derecho de Villarán. Castro, conocido como ‘Budían’, fue hallado muerto en su domicilio mientras negociaba con la Fiscalía su colaboración eficaz. Para el Ministerio Público, él era el número dos en la estructura que habría gestionado los sobornos.
Villarán reaccionó con nerviosismo: “Siento temor de que me acusen del homicidio”, dijo. También denunció que miembros del grupo extremista La Resistencia se apostaron frente a su vivienda para amedrentarla.
El juicio oral ha sido programado para el 23 de setiembre de 2025 y estará a cargo del tribunal que condenó a Ollanta Humala. La Fiscalía ha incluido a 19 acusados y 378 testigos, y sostiene que desde la Municipalidad de Lima se articuló una red para canalizar dinero ilícito bajo el disfraz de campañas legítimas para promover el ‘No’ durante la campaña de revocatoria en contra de Villarán en 2013.
