El Poder Judicial dio inicio a un nuevo proceso de control de acusación contra Keiko Fujimori. Esto en el marco del caso Cócteles, tras la anulación del juicio oral anterior. La lideresa de Fuerza Popular enfrenta un pedido fiscal de 35 años de prisión por presunto lavado de activos y otros delitos. Según el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.
La resolución fue emitida por el juez de investigación preparatoria nacional Wilson Verástegui. Este otorgó un plazo de 30 días a Fujimori y a los demás implicados para responder a la acusación. Una vez concluido el plazo, se programará la audiencia de requerimiento mixto, que marcará la siguiente fase del proceso judicial. El pedido fiscal también incluye a otros miembros del entorno de Fujimori, como José Chlimper y Adriana Tarazona.
La defensa legal de los acusados solicitó al magistrado que se devuelva la acusación al Ministerio Público, alegando irregularidades en su formulación. Sin embargo, el juez decidió que estos argumentos deberán presentarse de forma oral en la audiencia correspondiente. Esta reapertura del control de acusación ocurre luego de que el Tribunal Constitucional anulara el juicio oral anterior por fallos que beneficiaron a coacusados, lo que obligó a retrotraer el proceso a su etapa intermedia.
Paralelamente, el Tribunal Constitucional aún evalúa un habeas corpus presentado por Keiko Fujimori que busca archivar definitivamente el caso. En este contexto, se ha decidido incluir al Ministerio Público en el proceso constitucional. De esta forma permitiéndole responder a la demanda a través de sus fiscales o el procurador correspondiente. La Fiscalía cuenta con un plazo de 10 días hábiles para responder antes de que el TC emita su fallo definitivo.
La inclusión del Ministerio Público responde a la naturaleza de la demanda, que busca invalidar todas las actuaciones fiscales desde el inicio de las investigaciones. El Tribunal considera esencial que la Fiscalía pueda ejercer su defensa en este contexto. La eventual decisión del TC podría tener un impacto decisivo en la continuidad o cierre del emblemático caso Cócteles, uno de los más relevantes vinculados al financiamiento de campañas políticas en el país.
