El Congreso peruano está legislando en favor de la impunidad y debilitando peligrosamente la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Esto según denuncia el más reciente informe de Human Rights Watch. Publicado el martes 2 de julio, el informe titulado “Legislar para la impunidad” acusa tanto al Legislativo como al Gobierno de Dina Boluarte de complicidad activa. Y advierte que el país se encamina hacia un Estado fallido con redes criminales cada vez más poderosas y una ciudadanía desprotegida.
Human Rights Watch (HRW) lanzó una alerta internacional sobre el grave deterioro institucional y de seguridad en Perú. En su informe “Legislar para la impunidad”, la organización denuncia que el Congreso, con apoyo del Ejecutivo, está aprobando leyes que favorecen al crimen organizado. Entre ellas, se incluyen normas que restringen la colaboración eficaz, dificultan allanamientos judiciales y limitan el uso de la extinción de dominio. Esta última, herramienta clave para confiscar bienes a mafias criminales.
La directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, fue tajante: “Cada una de estas leyes deja en mayor peligro a los peruanos”. Según el informe, los homicidios aumentaron un 137% entre 2018 y 2024, lo que convierte a Perú en el país de la región con el deterioro más acelerado en términos de seguridad. “Estas medidas no combaten el crimen; lo empoderan, lo fortalecen y le permiten operar con impunidad”, subrayó Goebertus en declaraciones a La República.
El informe también cuestiona la estrategia del Ejecutivo de declarar estados de emergencia como única respuesta. Lejos de mejorar la situación, estas medidas han resultado ineficaces. En zonas bajo excepción, los homicidios no disminuyen, sino que se mantienen o aumentan. Además, HRW señala que el Gobierno ha recortado presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público, debilitando su capacidad de respuesta frente al crimen. “Boluarte es corresponsable. Ha permitido y apoyado estas decisiones”, sentenció Goebertus.
Como si fuera poco, HRW denuncia ataques a la prensa, amenazas contra la sociedad civil y la creación de una comisión para evaluar el retiro de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual encendería todas las alarmas regionales. “Eso nos pondría en la lista de países como Venezuela o Nicaragua”, advirtió la vocera. El diagnóstico es devastador: Perú se encuentra en una deriva institucional, donde el Congreso legisla a favor de intereses oscuros, el Ejecutivo calla o colabora, y la ciudadanía queda cada vez más vulnerable frente al crimen organizado.
