El lunes 7 de julio, a las 17:40 horas, agentes de la PNP y del Ministerio Público intervinieron a seis trabajadores del Gobierno Regional del Cusco, luego de sorprenderlos consumiendo alcohol dentro de una oficina institucional en horario laboral. El hecho ocurrió en el tercer piso del local ubicado en la Av. De La Cultura 738, en un espacio asignado al consejero Macedo Valeriano Rueda. La Fiscalía investiga el caso como presunto peculado de uso, delito vinculado a la corrupción de funcionarios públicos.
La escena sorprendió incluso a las autoridades: botellas de licor abiertas, vasos, piqueos y gaseosas sobre una mesa dentro de una oficina oficial del Gobierno Regional del Cusco. Según el parte policial, el grupo celebraba el cumpleaños de una asistente administrativa. Psin ningún tipo de autorización para usar el espacio ni justificación laboral para la reunión. La intervención fue ejecutada por el Departamento de Investigación Contra la Corrupción de la PNP, junto al fiscal Alan Fabricio García Pérez.
Los detenidos están identificados como Doris Bustamante Ramírez, Vania Zianet Vivanco Puma, Juana Esther Chávez Quispe, Yoseli Huillca Tapara, Karen Amalia Mendoza Huaraca y Yeyson Gimo Alarcón Amachi. Todos ellos laboran como asistentes o personal administrativo del Consejo Regional. La Fiscalía recogió evidencia física como bebidas alcohólicas parcialmente consumidas. Además de utensilios de celebración, elementos que refuerzan la hipótesis de un uso indebido del local institucional.
El despacho usado para la celebración pertenece al consejero regional Macedo Valeriano Rueda Quintana. Este llegó más tarde al lugar tras ser notificado por el Ministerio Público. Rueda aseguró a la prensa que no tenía conocimiento de los hechos y que se retiró del local entre las 3:00 y 3:30 p.m. Esto tras la cancelación de una sesión extraordinaria. “Voy a informarme de qué se trata”, afirmó al negar responsabilidad directa por el uso de su oficina.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, lo que implica emplear recursos estatales para fines personales. Hasta el momento, el Gobierno Regional del Cusco no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha anunciado posibles sanciones administrativas. El caso ha generado amplio rechazo en la ciudadanía, que exige medidas ejemplares en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas.
