El reciente aumento de sueldo aprobado para la presidenta Dina Boluarte, que eleva su remuneración mensual de S/ 16.000 a S/ 35.568, ha generado polémica en plena crisis política y social. Según el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la medida no es definitiva, ya que el Congreso tiene la facultad de anularla mediante una ley, si así lo determina la mayoría parlamentaria.
Castilla explicó que el incremento fue aprobado mediante decreto supremo, una norma que tiene menor jerarquía que una ley, por lo que el Legislativo puede derogarla sin mayores obstáculos. “Esto ya ha ocurrido antes en otras administraciones”, precisó el exministro en declaraciones a RPP, sugiriendo que hubiese sido más prudente aplicar el reajuste en el siguiente gobierno.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, justificó el aumento argumentando que la remuneración presidencial estaba desfasada frente a los estándares regionales y los sueldos de altos funcionarios en Perú. Con el reajuste, Boluarte se convierte en la funcionaria mejor pagada del Estado, por encima incluso de los magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia.
La decisión ha sido fuertemente cuestionada por darse en un contexto de baja popularidad presidencial y creciente tensión social. El anuncio del aumento fue publicado pocos días después de que la comitiva de Boluarte fuera apedreada en Arequipa, hecho que para muchos refleja el descontento ciudadano frente a la gestión actual.
Por ahora, el futuro del aumento salarial permanece incierto. La nueva legislatura del Congreso iniciará el 26 de julio, y podría plantear la derogación del decreto o una modificación a la Ley Servir. Mientras tanto, la presión política y la reacción ciudadana serán clave para determinar si Boluarte podrá mantener el sueldo más alto del aparato estatal.
