El congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, presentó un proyecto de ley que plantea modificar el Código Penal para que solo jueces y fiscales supremos titulares investiguen a altos funcionarios. La iniciativa afectaría los casos en curso contra congresistas, ministros y otros comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, alegando que los fiscales provisionales no garantizan autonomía ni imparcialidad.
Según el congresista Gonza, los fiscales y jueces provisionales, al no tener estabilidad laboral, podrían actuar condicionados por presiones políticas, especialmente en investigaciones sensibles. Asegura que la provisionalidad expone al sistema a vulnerabilidades, ya que estos magistrados podrían priorizar conservar su cargo sobre la independencia en sus decisiones.
El proyecto justifica la propuesta con cifras: en 2023, de los 8,338 fiscales a nivel nacional, 4,662 eran provisionales y solo 3,676 titulares. La situación se repite en el Poder Judicial, donde más de 1,500 de los 3,700 jueces registrados son supernumerarios o provisionales. Según Gonza, esta tendencia pone en riesgo procesos justos en casos de alto perfil político.
No obstante, expertos como Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal, señalan que la provisionalidad no implica automáticamente falta de independencia. La Corte Interamericana ha establecido que tanto jueces titulares como provisionales solo pueden ser removidos bajo causas objetivas. Además, Silva advierte que aprobar esta ley ralentizaría investigaciones y afectaría la confianza de testigos y colaboradores en el proceso judicial.
Silva también cuestiona que la propuesta limite la jurisdicción por el tipo de magistrado y no por la naturaleza del caso, lo que podría socavar principios básicos del derecho. Alertó que, de aprobarse, la iniciativa beneficiaría a funcionarios investigados al dificultar el avance de sus casos y podría representar un retroceso institucional en la lucha contra la impunidad.
