Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
En el Perú, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) representa una actividad de subsistencia para miles de familias, pero también un foco de informalidad y conflictos sociales. En este contexto, el Gobierno y el Congreso han promovido la llamada Ley MAPE. Una propuesta legislativa que busca establecer un nuevo marco normativo para formalizar a los pequeños mineros y reemplazar al cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
El predictamen de la Ley MAPE fue presentado en la Comisión de Energía y Minas. Pero hasta la fecha no ha sido aprobado debido a la falta de consenso entre los legisladores.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha sido una de las voces más críticas frente a la Ley MAPE. Advirtiendo que esta iniciativa normativa legitima la minería ilegal, genera inseguridad jurídica para los concesionarios formales, y vulnera principios constitucionales al permitir servidumbres sobre propiedades privadas sin debido proceso (SNMPE, 2025). Para la gran minería, la aprobación de la ley sin una base técnica rigurosa desincentivaría la inversión formal y consolidaría un sistema paralelo informal.
En contraste, los pequeños mineros —agrupados en organizaciones como la CONFEMIN— exigen que la norma avance, pero con ajustes que les permitan acceder a la formalidad sin una carga burocrática excesiva. Ellos consideran que el actual proceso es inviable, pues carecen de recursos técnicos, asesoría estatal y financiamiento para cumplir con los requisitos ambientales y legales. Desde su perspectiva, el Estado debe ser un facilitador del proceso de formalización, no un obstáculo.
Diversos especialistas y entidades ambientales han manifestado que la Ley MAPE, tal como está redactada, no solucionará el problema de fondo. Por el contrario, podría ampliar el margen de tolerancia a prácticas informales y reforzar la impunidad frente a delitos ambientales.
Si bien es urgente diseñar una ruta realista de formalización para los mineros artesanales, esta debe incorporar elementos como asistencia técnica, fondos de financiamiento, zonificación ecológica económica y mecanismos de cumplimiento progresivo. De lo contrario, la informalidad seguirá siendo funcional tanto para actores ilegales como para operadores políticos que capitalizan el caos normativo.
La Ley MAPE representa una oportunidad para ordenar el sector de la minería de pequeña escala en el Perú, pero en su versión actual parece más bien perpetuar los errores del pasado. Su aprobación sin criterios técnicos, ambientales y jurídicos sólidos podría generar mayores conflictos sociales. Para que esta iniciativa tenga sentido, es necesario reestructurar el enfoque, escuchar a todas las partes y apostar por una formalización responsable, progresiva y vinculante. De lo contrario, seguirá siendo una norma bien intencionada pero peligrosamente ineficaz.
