El Poder Judicial descartó dictar prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, pero impuso seis meses de comparecencia con restricciones mientras continúa la investigación en su contra por presunto delito de cohecho cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011–2014).
El juez Víctor Alcocer resolvió que no se acreditaban criterios de gravedad para ordenar el encarcelamiento del exmandatario. Sin embargo, sí acogió parcialmente los argumentos del Ministerio Público y estableció medidas estrictas: impedimento de salida del país desde el 5 de julio, control biométrico mensual, comunicación detallada de actividades al juzgado y la prohibición de concurrir o comunicarse con embajadas y personal diplomático.
La Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez Atoche, sostiene que Vizcarra recibió S/2.3 millones en sobornos por adjudicar los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua a empresas contratistas. Durante la audiencia, advirtió que el exmandatario podría eludir la justicia y buscar asilo, señalando su presencia reciente en zonas fronterizas y el vencimiento próximo de su actual impedimento de salida.
Vizcarra rechazó las acusaciones, alegó persecución política e insistió en su disposición a colaborar con la justicia. “Tengo confianza en el Poder Judicial. No tengo intención alguna de fugarme”, afirmó. Durante la audiencia, llegó incluso a transmitir en vivo desde TikTok, lo que generó críticas desde diversos sectores.
Ambas partes han presentado apelación contra la resolución. La Fiscalía busca revertir la decisión y lograr la prisión preventiva; la defensa, anular las restricciones impuestas. Mientras tanto, Vizcarra seguirá afrontando el juicio oral en libertad.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en paralelo, ratificó su inhabilitación por cinco años, desestimando una demanda de amparo que presentó para anular la sanción impuesta por el Congreso.
