La ambiciosa promesa del gobernador Rohel Sánchez Sánchez de entregar la autopista Arequipa – La Joya durante su gestión se desmorona. Una exhaustiva investigación de la comisión especial del Consejo Regional de Arequipa (CRA) desveló una serie de irregularidades que arrastran el proyecto hacia un prolongado estancamiento. Los problemas van desde un expediente técnico mal elaborado hasta paralizaciones y adendas presupuestarias.
Tras estos hallazgos, el grupo de trabajo —integrado por los consejeros Miguel Ángel Linares Riveros (presidente), Aaron Maldonado López, Nila Roncalla Camargo, César Huamantuma Alarcón y Yesenia Choquehuanca Cruz— remitió el informe de fiscalización a la Contraloría y al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), a fin de determinar responsabilidades e iniciar las investigaciones.
Retrasos tras retrasos
El proyecto vial Arequipa – La Joya contempla cuatro componentes: puente arco y accesos (componente I), túnel mellizo e instalaciones (componente II), tramo vial (componente III) e intercambio vial con sus intersecciones (componente IV). El primero atraviesa las mayores dificultades, dado que su presupuesto, inicialmente valorizado en 107 millones 549 mil 938 soles, se incrementó con nueve adendas.
Este componente empezó a ejecutarse el 31 de octubre de 2017, durante la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio Delgado. Su culminación estaba prevista en 510 días calendario, pero hasta el momento continúa paralizado. El retraso obedece a la necesidad del adicional financiero n.º 10, destinado a la instalación de 10 pilares de seguridad para reforzar la infraestructura existente del puente, que no cumple con los estándares de calidad.
“Desde el año pasado se ha anunciado que la carretera Arequipa – La Joya se terminaba. Con este informe estamos en la certeza de que tampoco se va a concluir este año. El último adicional ni siquiera se ha propuesto. Se tiene que presentar a la Contraloría para su aprobación porque ya superó el 30 % del presupuesto inicial. Después se debe convocar a una licitación, pero es imposible que se realice durante esta gestión. Ni siquiera han concluido con la presentación del adicional 9”, declaró el presidente de la comisión investigadora, Miguel Ángel Linares Riveros.
Además, la obra sufrió una serie de paralizaciones debido a resoluciones unilaterales de contratos por parte del Gobierno Regional con las empresas supervisoras. Esto generó pagos indebidos a la contratista Consorcio La Joya II por gastos administrativos y ocasionó demoras en la reanudación de los trabajos, ya que la ejecución no podía continuar sin una nueva supervisión contratada por la entidad.
Obra mal hecha
Según la comisión del legislativo regional, el proyecto avanza con un expediente mal elaborado. Esta deficiencia provocó una desviación entre la autopista que conecta el Cono Norte de Arequipa con el puente del componente I. Es decir, el trazo no es colindante y no permite el paso fluido de vehículos.
“El puente se encuentra corrido del eje de la autopista existente, del lado del Cono Norte hacia el suroeste, aproximadamente 27 metros”, advierte el informe. Para conectar ambos componentes se tendría que modificar el trazado del proyecto o construir una rotonda. La primera alternativa implicaría la expropiación de terrenos aledaños a la autopista; la segunda, un nuevo adicional financiero.
“Hay un problema crucial: la autopista que viene del Cono Norte no concluye en el mismo eje del puente. No hay continuidad; recién 30 metros a la izquierda conecta con el puente. El Gobierno Regional de Arequipa tiene que dar una solución. Pueden hacer un óvalo o modificar el trazo. No sigan mintiéndole a Arequipa: esa obra no va a terminarse”, añadió el consejero Linares.
También se advirtió que entre el 17 y 19 de enero de 2025 se ejecutaron trabajos considerados de alto riesgo sin la presencia del personal clave de supervisión. Esto constituye una omisión grave, dado que la supervisión técnica es obligatoria y permanente según el Reglamento de Contrataciones del Estado. El hecho implica responsabilidades contractuales y funcionales por la exposición a riesgos humanos y estructurales.
Advierten omisiones
Durante el proceso investigativo del grupo de trabajo, se identificaron demoras injustificadas en la entrega de documentos y en la tramitación de autorizaciones por parte de funcionarios del Gobierno Regional y del Consorcio La Joya II. La comisión citó hasta en cuatro oportunidades a representantes del consorcio mediante cartas, pero no obtuvo respuesta.
“Esta dilación se podría configurar como omisión de funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 377 del Código Penal. Estos actos afectarían la transparencia y el control adecuado del proyecto”, se desprende del documento. Asimismo, se advirtieron negligencias en la presentación de partidas presupuestarias sin respaldo técnico para gestionar los adicionales financieros.
Tras estos hallazgos, el legajo completo también fue remitido al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, determine si estas faltas constituyen delitos por parte de los funcionarios involucrados. Lo cierto es que, más allá de las graves negligencias, el proyecto está lejos de concluirse.
