La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió un oficio al Comandante General de la Policía Nacional, Gral. PNP Víctor Zanabria, solicitando el uso de la fuerza pública para ejecutar la resolución que dispone la restitución de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. El documento, firmado por el presidente del organismo, Gino Ríos, fue remitido la tarde del lunes 24 y lleva el número de referencia 00130-2025-P/JNJ.
En el escrito se adjunta la Resolución N.° 231-2025-JNJ y el Decreto S/N, documentos que, según la JNJ, sustentan la procedencia de la intervención policial en la sede del Ministerio Público. La medida, sin embargo, se adoptó pocas horas después de que Delia Espinoza —actual titular del Ministerio Público— advirtiera públicamente que la PNP no puede ingresar a la institución sin mandato judicial.
“La intervención policial solo procede por orden expresa del Poder Judicial o de una autoridad debidamente facultada, lo que no se configura en este caso”, señaló Espinoza en un comunicado. Además, sostuvo que el procedimiento disciplinario contra Benavides sigue en trámite y que cualquier irrupción sería ilegal.
Espinoza también denunció que la resolución de la JNJ llegó incompleta y sin las firmas necesarias. Afirmó que ha solicitado en tres oportunidades el acta y el video de la sesión en que se decidió la reposición de Benavides, sin recibir respuesta.
En paralelo, advirtió que los altos mandos que autoricen la intervención estarían incurriendo en infracciones administrativas y penales. Mientras tanto, la confrontación institucional sigue escalando, con consecuencias directas sobre la estabilidad del Ministerio Público. Benavides no ha emitido declaraciones desde la publicación del oficio.
Apela Hábeas Corpus
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, apeló la decisión judicial que declaró improcedente su habeas corpus preventivo. Con dicho recurso, buscaba que se ordene a la Policía Nacional abstenerse de realizar actos que pudieran atentar contra su libertad personal, tras las advertencias públicas de los abogados de Patricia Benavides, quienes señalaron que Espinoza incurriría en usurpación de funciones si no acataba la resolución de la JNJ.
Sin embargo, la jueza Ana Osorio desestimó el pedido argumentando que no existe una amenaza real ni inminente de detención, y que impedir a la Policía cumplir con su función constitucional sería inconstitucional. Señaló además que los comentarios de terceros no justifican la intervención judicial, que el habeas corpus no puede usarse para cuestionar decisiones disciplinarias de la JNJ, y ordenó archivar el caso de forma definitiva.
