La indignación de los pobladores de Castilla se hizo visible en una marcha que culminó en la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Los manifestantes exigieron atención urgente a problemas críticos, como el abandono de la carretera regional Acoy-Ayo (AR-106). Aunque la reunión había sido programada con anticipación, el gobernador Rohel Sánchez no estuvo presente. En su lugar, la delegación castillana fue recibida por el gerente general del GRA, Johan Cano Pinto, y otros funcionarios.
En representación de la provincia acudieron el alcalde provincial de Castilla, Renzo Pastor, y los alcaldes distritales de Pampacolca, Uraca, Machaguay, Viraco, Chilcaymarca, Chachas, Orcopampa y Andagua. También asistieron los presidentes de 12 comunidades campesinas, lo que evidenció la magnitud y el alcance de las preocupaciones que motivaron la larga marcha de sacrificio.
Ante los más de 78 kilómetros destruidos y sin capa asfáltica de la carretera, que conecta gran parte de los distritos de la provincia, se acordó la ejecución de tres mantenimientos: uno periódico, de S/ 3.5 millones, entre Machaguay y Jalhua, y dos rutinarios, desde Andamayo a Machaguay y de Ayo a Huambo. El inicio de los trabajos está previsto para julio y agosto.
Además, para el 14 de julio se ha programado una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, en Lima, con el fin de impulsar la recategorización de la AR-106. El nuevo expediente técnico será entregado a mediados de agosto, con el objetivo de que esta vía pase a ser de competencia nacional, y no regional, a fin de que el Estado asuma su administración y mantenimiento.
Cabe señalar que, durante la protesta, algunos pobladores fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes intentaban despejar los accesos a la sede principal del GRA. No obstante, la multitud no dio tregua e incluso organizó una olla común mientras esperaba una respuesta concreta de la gestión del gobernador Rohel Sánchez Sánchez.
La ciudadanía de la provincia de Castilla dejó claro que se mantendrá vigilante hasta ver concretadas las promesas, esperando que los plazos establecidos se cumplan rigurosamente, pese a que los constantes cambios de funcionarios públicos no garantizan su ejecución.
