Por Augusto Santillana. Abogado y analista político
Es evidente el daño que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha causado a la ya debilitada institucionalidad del país, a raíz de la expedición de la resolución que anula la destitución de la exfiscal Patricia Benavides y dispone su reposición como fiscal de la Nación al frente del Ministerio Público. Solo para citar a su propio abogado, Juan Peña: “La JNJ no debió emitir la resolución que anula su destitución, al haberse judicializado el caso. Se produjo una sustracción de la materia, lo que impedía un doble pronunciamiento entre el Poder Judicial y la JNJ”.
No creemos que los miembros de la JNJ desconozcan un principio tan elemental, plasmado en la misma Constitución: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes de pronunciamiento judicial ni interferir en el ejercicio de sus funciones (…)”. Más aún, cuando un connotado integrante de este organismo —y, al parecer, el único—, Francisco Távara, advirtió a sus colegas sobre el despropósito que estaban cometiendo. Esto lleva a concluir que el propósito de la resolución trascendía el ámbito jurídico y se adentraba en el terreno político. Considerando que esta JNJ está conformada por miembros elegidos por el actual Congreso, ya sabemos que sus posiciones responden a los intereses de quienes dirigen las bancadas congresales, y no a los intereses de la patria.
Ante esto, ¿cuál es el pronunciamiento de la sociedad civil representada por sus gremios profesionales? ¿El CONREDE, que agrupa a todos los colegios profesionales de Arequipa —representados por sus decanos—, se ha manifestado? Nada. Aunque algunos Colegios de Abogados del país sí lo han hecho. Entre ellos destaca el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Arequipa, publicado en la web de dicha orden profesional. Sin embargo, dicho pronunciamiento ha recibido numerosos comentarios que lo califican de “tibio”, mientras que medios digitales lo han tildado de “lavarse las manos” y “curarse en salud”.
El Colegio de Abogados de Arequipa, como el más representativo del sur del país —y uno de los más influyentes a nivel nacional—, y orgullosa sucesora de la antigua Academia Lauretana de Ciencias y Artes, tiene la obligación histórica y moral de emitir una posición jurídicamente sólida frente a la barbaridad legal originada por esta JNJ. No olvidemos que uno de los fines esenciales de los gremios profesionales —sean médicos, economistas, ingenieros, abogados o psicólogos— es orientar e informar a la ciudadanía sobre temas polémicos o situaciones que afectan a su comunidad, desde una perspectiva profesional, técnica y fundamentada en el conocimiento y la experiencia, no desde el cálculo político o mediático, que al final solo deja un desconcierto vacío, aprovechado por los oportunistas del poder actual.
Más firmes y con una posición gremial clara basada en el análisis constitucional han sido los pronunciamientos de los Colegios de Abogados de Lima, Ayacucho y Áncash. Estas instituciones han defendido el respeto al Estado de derecho, que empieza por la observancia estricta de nuestra Constitución y de las leyes que regulan los procedimientos administrativos y sus límites. Si bien es cierto que la JNJ es un organismo constitucionalmente autónomo —al igual que el Ministerio Público—, eso no le otorga facultades para invadir competencias ajenas que están claramente delimitadas en la Constitución y en sus respectivas leyes orgánicas.
Por todo ello, la resolución emitida por la JNJ —conformada por abogados que, en lo individual, podrían ser buenos profesionales—, al estar plagada de irregularidades y vicios jurídicos, evidencia que sus integrantes no poseen el nivel moral ni ético que exige la responsabilidad del cargo que ostentan.
