El proyecto Haku Wiñay del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) ejecuta desde 2022 una intervención valorizada en S/2 millones 400 mil para mejorar las condiciones de vida de 400 hogares rurales en los distritos de Cahuacho y Quicacha, provincia de Caravelí, Arequipa.
La estrategia contempla el uso de tecnologías orientadas a la mejora de la producción agropecuaria como fitotoldos, microaspersión, nebulizadores, biohuertos, módulos de granos andinos, crianza tecnificada de cuyes y aves, así como elaboración y uso de abonos orgánicos.
“El objetivo es elevar la productividad agropecuaria y asegurar el acceso a alimentos”, señaló Roberto Arela Pérez, coordinador técnico del Núcleo Ejecutor Central (NEC) Cahuacho. Agregó que trabajan en caseríos y centros poblados de ambos distritos, como Ayroca, Nauquipa, Sóndor, Paucaray, Maraycasa, Tambo y Tierras Blancas.
La asistencia técnica se realiza a través de yachachiq y especialistas seleccionados por su experiencia en zonas rurales. Los beneficiarios también acceden a servicios orientados a la mejora del entorno doméstico, como cocinas mejoradas a leña, módulos de agua segura y sistemas de disposición de residuos sólidos.
Un componente clave del proyecto es la promoción de emprendimientos rurales de tipo asociativo. Hasta el momento se han implementado 20 iniciativas, entre ellas producción de miel, crianza y comercialización de ganado porcino, vacuno y caprino, inseminación artificial de vacunos, cultivo de fresa y panadería.
“Se trata de generar autonomía económica en las familias rurales mediante la diversificación de ingresos”, explicó el jefe de Foncodes – Unidad Territorial Arequipa, Juan Carlos Tejada Calderón. Indicó que los emprendimientos son equipados y reciben asistencia técnica especializada.
La intervención se desarrolla en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y está prevista hasta agosto de 2025. Foncodes señala que esta experiencia forma parte de una política de Estado enfocada en reducir la pobreza rural y garantizar el acceso a servicios básicos productivos.
