En el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se ha vuelto una práctica común que las obras de gran cuantía se ejecuten sin una supervisión externa. Aunque la ley de presupuesto señala que todo proyecto que supere los 4 millones 300 mil soles de inversión debe contar obligatoriamente con una supervisión, la gestión de Rohel Sánchez Sánchez hace caso omiso. Esta negligencia provoca trabajos mal hechos, que al poco tiempo de ser inaugurados presentan deficiencias en infraestructura.
Un Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/5334-SCC, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), advierte esta abstención de parte del gobierno regional, que pone en riesgo la correcta ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del sistema de agua potable y creación del sistema de disposición descritas en los centros poblados y anexos de 13 localidades del distrito de Santa Isabel de Siguas”.
Sin supervisora
Precisamente, la unidad contralora reveló que el control de dicho proyecto lo ejerce un inspector de obra, cuando por el monto de inversión equivalente a 10 millones 629 mil 947 soles esta función le corresponde a una empresa supervisora. No obstante, la institución no requirió hasta el momento la contratación de un compañía privada especialista en supervisión, pese a que ya se avanzó el 43.99% de trabajos físicos.
El informe cita la ley de presupuesto del sector público que al detalle señala lo siguiente: “cuando el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4 millones 300 mil soles, la entidad debe contratar obligatoriamente la supervisión de obra (…) se puede designar a un inspector o equipo de inspectores únicamente para el inicio de la ejecución de la obra y la permanencia de dichos profesionales se encuentra supeditada al cumplimiento de la suscripción de un contrato convocado para dicho efecto”.
En otras palabras, la norma establece la obligatoriedad de la contratación de una supervisora en caso de que el proyecto supere el importe antes mencionado. A esto se suma que ya se consideró una partida de gastos de supervisión por 642 mil 673 soles, cuando estos servicios no se brindaron con apego a ley.
Otros proyectos
Entonces, se concluye que no correspondía designar un inspector de obra o adicionar funciones a este, que reemplace los servicios de una consultoría de supervisión. Más aún cuando existe un presupuesto aprobado para este servicio que no se brindó adecuadamente. Hay que recalcar que, el GRA designó a cinco inspectores de obra. Es decir, no hubo supervisión constante de los trabajos realizados.
Lo mismo ocurre con el proyecto de mejoramiento del servicio de educación primaria en el colegio Villa Don Jorge, en la provincia de Camaná. Según el informe de Hito de Control N° 018-2025-OCI/5334-SCC, también se reveló que la obra valorizada en 10 millones 453 mil 836 soles no solo tiene retrasos y un incremento en el presupuesto inicial que supera el medio millón de soles, sino que no se previó la contratación obligatoria de un supervisor de obra.
Es decir, la actual gestión no requirió estos servicios y solo optó por realizar inspecciones con su propio personal (inspector de obra). Lo que pondría en riesgo el correcto seguimiento y control de la infraestructura. Esta falla no es una excepción, sino que ya se volvió una norma para Sánchez.
Sin residentes ni inspectores
Estos no son los únicos problemas que presentan la ejecución de obras. Resulta que también se ha evidenciado la ausencia de inspectores y residentes. El caso más emblemático se registró durante la edificación de infraestructura del instituto superior tecnológico Faustino B. Franco, que se ejecutó en la provincia de Camaná.
Una comisión del ente de control inspeccionó el proyecto el 16 de mayo de 2025. Ingrata fue la sorpresa porque no se contaba con la presencia del residente y el inspector de obra. Pese a que la presencia del residente es permanente, el GRA lo removió a otro proyecto. La situación del inspector de obra fue similar, toda vez que el mismo profesional también fue designado como inspector en la obra denominada “Mejoramiento de los servicios educativos en el nivel secundario de la institución educativa Sebastián Barranca, en Camaná”.
Para ambos casos, ninguno de los dos participó en su totalidad durante la ejecución del proyecto. Lo mencionado deviene en que el término de la obra se vio prorrogado generando la afectación al servicio educativo e incrementos de plazo y presupuesto. Todo esto fue advertido en el Informe de Visita de Control N° 017-2025-OCI/5334-SVC.
Parece que ya es costumbre cometer estas negligencias, pues lo mismo ocurrió en la ejecución de obra “Servicio de agua para riego del reservorio de Higoscocha y canal Aguasana”, en el distrito de Machaguay, provincia de Castilla. Este proyecto está valuado en 6 millones 639 mil 898 soles.
El 29 de abril, una comisión de control realizó una inspección física. Al igual que el caso anterior, no se contó con la presencia del residente e inspector de obra. Mientras se realizaba la verificación la hora de llegada de residente a la obra fue a las 2:30 de la tarde. Por si fuera poco, no se realizó ningún tipo de control de parte del residente e inspector de obra respectivamente, debido a su ausencia en las instalaciones.
En ambas obras, también, se debieron contratar consultoras de supervisión, pero no se hizo.
