La participación de la consejera Marleny Arminta Valencia en la actividad proselitista de Alfonso López Chau no pinta nada bien para ella. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya puso el ojo en este caso. A través del informe N° 000007-2025-MAL-JEEAREQUIPA1-EG2026/JNE, la fiscalizadora provincial Milena Julia Alvarado León advirtió una posible vulneración al principio de neutralidad electoral.
El mencionado documento fue remitido al presidente del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1, Javier Eduardo Fernández Dávila Mercado, para que adopte las medidas correspondientes en el marco de sus atribuciones. Toda vez que el accionar de la legisladora regional podría devenir en sanciones en su contra.
En este expediente se detalla que Arminta Valencia se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones, entre las 11:15 a 12:30 horas, cuando participó en las actividades proselitistas del partido político “Ahora Nación”. Por lo que se le atribuye haber sacado ventaja de su cargo como consejera para favorecer a un determinada organización política, candidato, promotor u opción.
“(Marleny Arminta) Habría vulnerado el principio de neutralidad al haber participado en el evento proselitista de caravana de bienvenida del precandidato Pablo Alonso López Chau (…) Quedando claramente identificada su participación activa con prenda de vestir que hace alusión a la citada organización política, en horario propio de sus funciones”, reza el informe en su parte concluyente.
Aunque la consejera se justificó aduciendo que su presencia en el evento ocurrió en su “horario de descanso personal», la fiscalización del JNE la desmiente. Esto porque el artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) prohíbe a toda autoridad política o pública practicar actos proselitistas que favorezcan o perjudiquen a determinado político, independientemente del horario.
El informe lleva como anexos capturas de pantalla y fotos de Marleny Arminta junto al exrector de la Universidad Nacional de Ingenierías (UNI). Este caso, respaldado con evidencias, podría derivar en sanciones, sentando un precedente importante sobre el uso indebido de cargos públicos en el contexto electoral.
