La licitación de la vía Cabrerias – Pampa Cañahuas ya acarreó consecuencias legales en contra el gobernador Rohel Sánchez y otros funcionarios. En el Ministerio Público obra una denuncia por colusión, negociación incompatible y otros delitos de corrupción. Esto quiere decir que, según la acusación, se coludieron para otorgarle el millonario proyecto al Consorcio Vial Yura, pese a que presentó documentación inexacta y con indicios de falsificación.
La imputación también incluye a Napoleón León Vargaya Mamani, presidente del Comité de Selección; José Fabián Enriquez Mamani y Darlyn Efraín Tolentino Salinas, primer y segundo miembro del Comité de Selección respectivamente. Hay que recordar que, Fabián Enriquez Mamani también se desempeña como gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
A ellos se les atribuye la coautoría de una previa concertación en dicho proceso. El objetivo era hacer ganar al privado y no revisar correctamente el legajo del postor. Además, se solicita que se incluya en la investigación a los que, en el devenir de las diligencias, se derive responsabilidad penal.
Documentación inexacta
Todo comenzó durante el proceso de adjudicación simplificada N° 307-2024-GRA-2, en el que el Consorcio Vial Yura, conformado por las empresas Levon South America SA Sucursal del Perú, CIA Inmobiliaria Montenegro SAC y Alegría Alvaron Ciro, salió ganador para la ejecución de la obra denominada “elaboración expediente técnico y ejecución de proyecto: mejoramiento del servicio de transitabilidad en la vía AR-116 (desvío Cabrerias – Pampa Cañahuas)”.
A fin de perfeccionar el contrato, el consorcio en mención tuvo que acreditar la documentación que valide su experiencia y otros requisitos establecidos en las bases del concurso. Así es como el privado presentó una carta de compromiso de alquiler de equipos y maquinaria, que incluye tres camionetas pickup doble cabina 4×4. No obstante, la empresa Vivar Global Corporation E.I.R.L, que debía arrendar estos vehículos al consorcio, no registra a su nombre en ninguna unidad vehicular y/o documentos que corroboren un sub arrendamiento.
Del mismo modo, la empresa San Isidro-L, según el consorcio ganador, se comprometió a alquilar 12 camiones volquete, 2 barredoras mecánicas de 84”, 4 comprensoras neumáticas, 1 pavimentadora de asfalto, 1 cargador frontal, entre otras máquinas amarillas que permitan concluir el proyecto vial. Sin embargo, al igual que el caso anterior, la empresa no registra ningún vehículo automotor a su nombre. Esta información fue extraída de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Certificados “truchos”
La denuncia no solo se basa en información inexacta que presentó el consorcio para el alquiler de vehículos livianos y pesados, sino que también incluye certificados presuntamente adulterados. El primer caso involucra al ingeniero especialista en topografía, trazo y diseño vial, Mirjam Eladio Nuñez Herrera.
Para acreditar su expertise, el consorcio consignó una constancia que le emitió el ingeniero Ciro Alegria Alvaron. Lo raro es que dicho documento consigna servicios como especialista en Geología y Geotermia, prestaciones que difieren con su nombramiento en este proyecto. En pocas palabras, le validaron un documento que acreditó una experiencia diferente.
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Y lo que es peor, según la constancia, el mencionado brindó estas labores en un proyecto vial de transitabilidad urbana, en la región Ancash. Pero el mismo proyecto lo realizó el Consorcio Roads Assocated, por lo que queda duda de su participación. Esta información se extrajo del Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado y se anexó a la denuncia penal.
Algo similar ocurrió con el certificado del especialista de calidad, Erik Javier Barzola Hinostroza. Según el consorcio, la compañía China Railway Tunnel Group Sucursal en Perú le otorgó un certificado como especialista en control de calidad. Esto por haber laborado en la obra denominada “construcción de la Vía Evitamiento de la ciudad de Abancay”, desde el 1 de septiembre de 2021 al 30 de mayo del 2022. Sin embargo, según el portal de Infobras, dicho proyecto comenzó meses antes, por lo que hay una incongruencia en las fechas.
Finalmente, el consorcio presentó un certificado del especialista en impacto ambiental, Javier Estrella Paca, cuyo cargo no existen en las bases del proceso de selección.
En síntesis, todos estos documentos contienen información inexacta y con indicios de falsificación. Y los mismos no fueron observados por el Gobierno Regional de Arequipa.
Por estos hechos, el denunciante Jairo Mauricio Mendoza Martinez también elevó una carta a la Unidad Desconcentrada de la OSCE en Arequipa. Y pide que se inicien las investigaciones correspondientes a los documentos presentados para perfeccionamiento del contrato por parte del Consorcio Vial Yura.
