La presidenta Dina Boluarte enfrenta una denuncia penal por presunta traición a la patria, tras suscribir el Tratado de Alta Mar durante una conferencia de la ONU en Francia. El periodista Alfredo Vignolo presentó la demanda ante la Fiscalía, acusando a la mandataria de violar la Constitución al comprometer la soberanía marítima. El Ejecutivo defiende el acuerdo y niega que afecte el dominio nacional sobre las 200 millas náuticas.
La denuncia señala que el tratado firmado por Boluarte afecta directamente la soberanía nacional, al contradecir el artículo 54 de la Constitución, que reconoce la jurisdicción exclusiva del Perú sobre las 200 millas del mar adyacente a su costa. Vignolo considera que la firma del acuerdo compromete la seguridad e integridad territorial, lo que encajaría en la figura legal de traición a la patria. La acusación recae sobre Boluarte como persona natural y sobre la Presidencia de la República como institución.
Gremios empresariales respaldaron la denuncia. La Sociedad de Comercio Exterior, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería emitieron un comunicado en el que afirman que el tratado debilita la capacidad del Perú para decidir sobre el uso sostenible de sus recursos pesqueros. “Este acuerdo lo impulsan ONGs que quieren acabar con sectores productivos como la pesca, que genera empleo y desarrollo descentralizado”, advirtieron.
Sin embargo, el canciller Elmer Schialer aclaró que el tratado no compromete el dominio del Perú sobre su territorio marítimo. “Es un tratado ambiental que no afecta las 200 millas ni implica adhesión a la Convemar. Quien dice lo contrario, desinforma”, afirmó. El exvicecanciller Hugo de Zela también desestimó las críticas y atribuyó la polémica a una confusión legal. “El tratado claramente excluye las aguas bajo jurisdicción nacional”, aseguró.
El Tratado de Alta Mar —aprobado en la ONU en 2023— crea el primer marco legal global para proteger la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones estatales, es decir, más allá de las 200 millas náuticas. Propone áreas protegidas y regula actividades como la pesca industrial, la minería submarina y la bioprospección genética. Su objetivo es equilibrar la conservación del océano con el uso justo de sus recursos, en zonas que hasta ahora no tenían regulación efectiva.
