La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa ‘Vialidad’. El fallo, emitido por unanimidad, rechazó las apelaciones de la defensa de la expresidenta y dejó firme la sentencia emitida en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas. Fernández había anunciado su postulación como legisladora para las elecciones de septiembre de 2025, pero la decisión judicial la deja fuera de competencia política.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ratificaron la condena que también incluye el decomiso de 84.000 millones de pesos. La Corte descartó los recursos presentados por la exmandataria, otros ocho condenados y el fiscal Mario Villar. Si bien Fernández fue absuelta del delito de asociación ilícita, el tribunal confirmó su responsabilidad en un esquema de corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015. En ese periodo, el empresario Lázaro Báez recibió 51 contratos por más de 46.000 millones de pesos para obras viales en Santa Cruz, muchas de ellas inconclusas o inexistentes.
La defensa de la expresidenta evalúa ahora solicitar prisión domiciliaria. Entre las direcciones que podría presentar figuran su vivienda en el barrio Constitución, su casa en Río Gallegos o una propiedad en el conurbano bonaerense. El Tribunal Oral Federal deberá decidir si ordena su traslado a una dependencia policial o si autoriza el cumplimiento de la pena en su domicilio, posiblemente con tobillera electrónica. La medida dependerá de estudios socioambientales y del criterio del juzgado.
La sentencia ha generado reacciones inmediatas en el escenario político. El presidente Javier Milei celebró el fallo en su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde escribió: “Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”. El oficialismo interpreta la resolución como una señal de independencia del Poder Judicial, mientras que sectores kirchneristas la consideran un ataque político en pleno año electoral.
Aunque la defensa aún puede plantear recursos de revisión o apelaciones internacionales, la sentencia ya es firme dentro del sistema judicial argentino. La decisión representa un punto de inflexión en la trayectoria política de Cristina Fernández de Kirchner y marca un precedente clave en los procesos por corrupción vinculados a gobiernos anteriores en Argentina.
