El traslado del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) ya trajo consecuencias legales. El consejero regional por Arequipa, César Huamantuma Alarcón, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Prevención del Delito contra el gobernador regional Rohel Sánchez y Jaime Mujica. La acusación se centra en conversaciones que revelarían una coordinación indebida para reubicar el hospital oncológico en el sector de Umapalca (Sabandía).
La denuncia penal N° 012-2025-GRA/CR-CAHA, impulsada por la organización Solidaria Perú y respaldada por el abogado penalista Arturo Salas Vildoso, sugiere que las reuniones entre ambos personajes constituyen los delitos de colusión y tráfico de influencias. «Existiría una concertación prevista en el Código Penal, donde un funcionario favorece indebidamente a un tercero, en claro perjuicio del Estado (…) aquí no hay simulación: hay una influencia real para persuadir a una autoridad en favor de un particular», explicó el letrado.
Reuniones bajo la mesa
El predio propuesto para el hospital es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Sin embargo, el terreno carece de saneamiento físico-legal, requiere un cambio de zonificación y enfrenta al menos dos procesos judiciales activos: uno por prescripción adquisitiva promovido por la asociación Umapalca, liderada por Mujica, y otro relacionado con la Asociación Teresa de Calcuta.
A pesar de estos problemas, el gobernador regional sostuvo reuniones directas con el empresario, una situación que, para el abogado Salas Vildoso, no tiene justificación legal ni técnica. Estas conversaciones salieron a la luz a raíz de declaraciones del propio Mujica a Revelación.pe la semana pasada, cuando este medio expuso las serias deficiencias de los terrenos destinados al nosocomio oncológico y el vínculo amical que Mujica aceptó con el gobernador.
“Rohel es mi amigo. Vino una tarde con su equipo técnico y yo también con mi equipo técnico de la asociación Umapalca. Y pusimos a disposición el terreno”, indicó Jaime Mujica a este medio. Es decir, ambos ya habían concertado para reubicar el hospital a esta zona. Pero no por filantropía, sino que existe un beneficio de por medio: incrementar el valor de los lotes colindantes con el proyecto.
«Si quiero hacer realidad un proyecto en un terreno municipal, ¿con quién debo hablar? Con el alcalde, no con el presidente de una asociación privada. ¿Por qué entonces conversa el gobernador con el señor Mujica? Esa sola conducta hace presumir una concertación. No existe otra explicación razonable», añadió Salas Vildoso.
Arrastra más responsables
La denuncia penal también podría alcanzar a algunos consejeros regionales. Sucede que durante la votación del proyecto en el Consejo Regional, solo tres consejeros se opusieron al traslado. Se trata de César Huamantuma, Miguel Ángel Linares y Fernando Cornejo. Mientras que el resto de los consejeros votó a favor, con excepción de Juan Huanca, Aaron Maldonado y Nila Roncalla, que estuvieron ausentes.
Es decir, si la Fiscalía de Prevención del Delito recomienda detener el proceso y la autoridad regional persiste en su decisión, los consejeros que apoyaron el traslado podrían ser incluidos en la investigación penal.
En cuanto a un informe legal del Gobierno Regional que supuestamente no encontró impedimentos para el traslado, Salas Vildoso fue categórico: «Ese tipo de informes pueden estar direccionados. No nos guiamos por ellos. Nos guiamos por los hechos y por el sentido común. Aquí hay indicios serios de corrupción».
Finalmente, el abogado enfatizó el evidente beneficio económico detrás de la propuesta. «Las zonas donde se instalan hospitales se valorizan entre cien y mil veces. ¿Qué motivación tendría un privado para impulsar esto si no espera un beneficio?», sentenció el representante de Solidaria Perú.
Carta a la ANIN
Mediante el oficio N° 321-2025-GRA/CR/CAHA, el consejero César Huamantuma advirtió al jefe nacional de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipen Arestegui, las posibles irregularidades cometidas en torno al traspaso del proyecto. Esto con el fin de garantizar el respeto a la propuesta original del mismo.
“El medio de comunicación (Revelación.pe) publicó un reportaje en el que se detallan los vínculos personales entre el gobernador roel Sánchez y Jaime Mujica Calderón, presidente de la asociación Umapalca y rector de la sede arequipeña de la Universidad de San Martín de Porres, a raíz de lo anterior, se interpuso la denuncia penal por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión”, reza el oficio.
Con esto, se expone la insistencia del gobernador Sánchez por reubicar el proyecto a una locación con una serie de problemas. La ANIN, con conocimiento de causa, evaluará la situación. “Nuestra intervención obedece a la preocupación de evitar la pérdida del financiamiento de 18 millones 955 mil 973 soles ya asignados (para iniciar las obras y otros estudios). Por tal motivo, pongo en su conocimiento la denuncia interpuesta y los antecedentes técnicos que respalda nuestra preocupación”, concluye la carta.
