Más de cuatro décadas después del inicio del proyecto Majes I, el conflicto por el reconocimiento de damnificados continúa sin solución. Este lunes, una accidentada reunión entre representantes del Proyecto Especial Majes-Siguas (Autodema) y el Frente de Defensa de los Afectados por Majes I de Lluta, Querque, Siguas y Quilca concluyó sin acuerdos claros luego de cuatro horas de intercambio de argumentos.
El punto central del desacuerdo es la negativa de Autodema a reconocer a un grupo de agricultores como damnificados del proyecto Majes I. Primero, por la liberación de agua de la represa Condoroma en 1984, que incrementó violentamente el caudal del río Siguas y destruyó terrenos agrícolas y, segundo, por la filtración de aguas subterráneas hacia el valle y los constantes derrumbes producto del exceso de riego en Majes I.
Los argumentos
Los dirigentes del Frente de Defensa sostienen que, pese a los procesos de adjudicación de tierras realizados en los años noventa y dos mil, como parte de la compensación (Categoría Damnificados) por el desastre ocasionado, un grupo de agricultores quedó fuera. En ese entonces se usaron sorteos para adjudicar a los afectados, sin embargo, varios no accedieron a la adjudicación de un terreno en Majes I como una forma de compensación. «Se tenía un titular y dos suplentes por cada terreno sorteado. Los suplentes son los que se han quedado fuera y hubo damnificados que ni siquiera fueron sorteados», explicó Francisco Vera Pacheco, presidente del Frente de Defensa a Revelación.pe.
Autodema asegura haber cumplido con el proceso y haber adjudicado 1 900 hectáreas a 371 agricultores de Siguas, Quilca y Lluta. Sin embargo, de acuerdo a Vera Pacheco que esos terrenos se hayan adjudicado a un grupo de afectados no implica que todos los damnificados hayan sido atendidos o evaluados.
El otro foco de conflicto es la responsabilidad sobre los derrumbes en Siguas y la salinización de tierras agrícolas, producto de filtraciones de los excesos en el sistema de riego de Majes I. A lo largo de los años se ha formado un bolsón de agua en la napa freática que se filtra hacia el valle y produce derrumbes constantemente.
Autodema afirma que no es su responsabilidad, dado que desde 1993 el manejo del agua pasó a los colonos de Majes I (Junta de Usuarios). Sin embargo, el Frente de Defensa argumenta que los daños comenzaron antes, cuando Autodema aún tenía control sobre la distribución de agua y entregaba un módulo de riego mayor (1 lt/s) a lo permitido en la irrigación (0,57 lt/s).
Aseguran que en los primeros diez años del proyecto (1982-1992) se formó el primer bolsón de agua y se experimentaron las primeras filtraciones de Majes I al valle Siguas. Sobre este aspecto, no hubo respuesta por parte de los especialistas de Autodema durante la reunión.
Acusan de falsificación de información
La cita tenía como propósito que Autodema sustente el informe técnico-legal emitido al consejo regional y al gobernador regional Rohel Sánchez respecto a la problemática de los damnificados. Los resultados del informe plantean una posición negacionista de Autodema respecto a las afectaciones.
Durante la reunión, el asesor técnico del Frente de Defensa, el ingeniero Isaac Martínez, ex gerente de Autodema, acusó a Autodema de haber manipulado datos técnicos para desestimar los reclamos de los damnificados en su informe técnico. Tampoco recibió réplicas por parte de Autodema, a pesar de lo graves que eran las acusaciones.
Como salida temporal, el presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo Regional, Antonio Llerena, anunció una nueva reunión en un plazo de diez días. Autodema deberá presentar la lista oficial de personas adjudicadas con tierras. El Frente de Defensa, en tanto, entregará su padrón de damnificados. Lo que se busca en primera instancia es comparar ambas listas y descartar a quienes ya recibieron adjudicaciones previamente.
Cabe mencionar, que el Frente de Defensa exige al Consejo Regional una ordenanza que establezca criterios vinculantes para el reconocimiento de damnificados por parte de Autodema, con base en las normativas ya existentes (ordenanzas previas) e informes técnicos que validan el daño constante en la zona. «Que sea Autodema el que determine usando como instrumento esa ordenanza quienes pueden recibir alguna compensación y quienes no, pero que se haga» finalizó, Vera Pacheco.
