Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político: Mail: ocandia@unsa.edu.pe
En el diseño constitucional se ha establecido una forma de gobierno denominado por la doctrina como presidencialismo atenuado o semipresidencialismo, en virtud del cual, el presidente de la República es el jefe del Estado (art. 110 de la Constitución) y no depende del Congreso para ejercer el cargo. Sin embargo, la permanencia de su gabinete sí requiere del respaldo congresal. Este diseño busca un equilibrio de poderes, pero en la práctica permite que el parlamento ejerza una influencia política directa sobre la viabilidad del gobierno. Sobre todo cuando este no cuenta con legitimidad social, ni mayoría legislativa.
El próximo 12 de junio el premier Eduardo Arana, en cumplimiento de un mandato constitucional (art. 130) tendrá que recurrir al parlamento para solicitar el voto de confianza. Para ello deberá exponer su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Este acto, aunque rutinario, adquiere una especial relevancia en el contexto actual, donde la legitimidad política del Ejecutivo está profundamente erosionada y el Congreso atraviesa un periodo de fuerte desprestigio. Paralelamente, la Comisión de Fiscalización ha solicitado formalmente al Pleno evaluar una eventual vacancia por “incapacidad moral” contra la presidenta Dina Boluarte. Motivada por la presunta utilización irregular del vehículo presidencial para facilitar la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón. Ambos eventos configuran un escenario de alta tensión constitucional y política.
El gobierno de Dina Boluarte cuenta con el respaldo parlamentario que le ha permitido sostenerse en el poder, de las votaciones para la elección de la Junta Directiva del Congreso, así como, para la defensa de Ministros que fueron cuestionados. Además, de las declaraciones de los líderes políticos, se puede fácilmente colegir que las bancadas –aunque ideológicamente disimiles- de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), y Perú Libre (PL) son los aliados del gobierno.
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Sin embargo, estas alianzas tienen un carácter marcadamente utilitario y tienen fecha de caducidad. Son agrupaciones conscientes de la debilidad del gobierno —la presidenta registra uno de los niveles de aprobación más bajos en la historia republicana— y de la proximidad de los comicios generales. Por tanto, es altamente probable que le entreguen el voto de confianza a Arana para evitar una crisis política inmediata. Pero no sería sorprendente, que posteriormente abandonen a la presidenta si las condiciones políticas lo hacen conveniente.
Finalmente, consideramos que el premier Arana debe focalizar su exposición en dos temas principales: la estrategia integral para la reducción de la inseguridad en el país y política económica para un crecimiento con inclusión social. Respecto de la solicitud de vacancia presidencial, pone a Boluarte en una situación de debilitad. Aunque es poco probable su vacancia, esta crecerá en la medida en que la presidenta Boluarte pierda respaldo ciudadano y se acercan las elecciones generales. En un país con instituciones debilitadas y sin liderazgos claros, el equilibrio de poderes corre el riesgo de quebrarse una vez más.
