La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, exministro del Interior. La medida se toma en el marco de una investigación fiscal por tráfico de influencias agravado. Según el fallo, existe riesgo de fuga, ya que su actual cargo de confianza en Palacio de Gobierno no garantiza arraigo laboral, y además no se conoce con precisión la dirección de su estudio de abogados, que habría operado también en otros países de la región.

La Corte Suprema revocó la decisión del juez Juan Carlos Checkley y dio la razón a la Fiscalía de la Nación, que solicitó restringir la salida del país para asegurar el proceso penal. El tribunal argumentó que Santiváñez podría evadir la justicia, ya que su puesto como jefe de Monitoreo Intergubernamental en la Presidencia es de libre remoción. También se consideró que no mantiene arraigo personal suficiente, pues su domicilio profesional es incierto.

Otro punto clave fue su perfil profesional: Santiváñez habría dirigido un estudio jurídico con presencia en Perú, Chile, México, Colombia, Costa Rica y Honduras. Esa red internacional fue tomada en cuenta como indicio de capacidad para abandonar el país. Además, enfrenta una posible condena de 12 años de prisión, lo que eleva el peligro procesal. Según el fallo, la medida es proporcional a la fase preliminar del caso y es la menos gravosa dentro de las opciones legales.

La Fiscalía lo investiga por tres hechos concretos. El primero, supuestas gestiones ante el Tribunal Constitucional para favorecer a un cliente, a cambio de pagos de hasta 20 mil dólares. En esas diligencias, Santiváñez habría ofrecido influencias a través de contactos con magistrados y asistentes. Aunque no logró el resultado esperado, insistió en que mientras no se publique la sentencia, “todo puede pasar”.

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También habría intervenido ante el INPE para mantener a su patrocinado en aislamiento en el penal de Trujillo, cuando ya era viceministro y luego ministro. Finalmente, habría coordinado con el titular de Justicia en Consejos de Ministros, buscando un traslado a un pabellón de régimen abierto. En una reunión grabada, incluso mencionó favores pasados como el uso de escoltas, para reforzar su capacidad de influencia.