En plena ruta hacia las elecciones de 2026, la Comisión de Constitución abrió la puerta para que los congresistas hagan campaña política desde sus cargos. Aprobó un proyecto que les permitirá realizar proselitismo durante la semana de representación, financiada con dinero público. La norma incluye un supuesto candado: no podrán hacerlo en horario de comisiones o del Pleno, a menos que pidan licencia.
El texto aprobado señala que los parlamentarios podrán «defender y promover posiciones ideológicas y partidarias» sin infringir la neutralidad. Aunque no podrán hacer campaña durante sesiones del Congreso en las que participen, sí podrán hacerlo en sus actividades de representación, que se pagan con recursos del Estado. La regla solo exige pedir licencia si quieren hacer campaña durante el Pleno.
Quienes buscan la reelección tendrán ventaja. No necesitarán pedir licencia ni renunciar, como sí lo hacen otros funcionarios. Podrán usar el contacto directo con la ciudadanía que les da la semana de representación para promover sus candidaturas. Lo que para otros sería uso indebido del cargo, para ellos será parte de su función política. Eso, bajo el argumento de que “representan” a sus votantes.
Votaron a favor congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Podemos y otras bancadas aliadas. En contra se manifestaron algunas voces críticas, entre ellas Ruth Luque y Alex Flores. Para los impulsores, se trata de sincerar el rol político del Congreso. Para otros, es una jugada para perpetuar privilegios. Y la neutralidad electoral queda como un principio para pocos.
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El dictamen justifica que los parlamentarios no pueden ser silenciados porque eso afectaría su libertad de expresión. Pero no menciona el riesgo de usar fondos públicos para intereses partidarios. Tampoco habla del impacto en la competencia electoral. La norma no mejora la democracia: la distorsiona. En nombre del «debate político», permite a los congresistas ser juez y parte de la campaña.
