La presidenta Dina Boluarte celebró la noche del 30 de mayo su cumpleaños número 63 con una fiesta privada en Palacio de Gobierno. El evento, revelado por el programa Cuarto Poder, incluyó mariachis, presentaciones artísticas y la presencia de varios ministros y exministros. Entre ellos funcionarios que fueron reubicados en nuevos cargos tras dejar el Gabinete. La reunión la organizó su asesora y amiga cercana, Carmen Giordano. Y se habría desarrollado bajo estrictas restricciones para evitar filtraciones, aunque no logró escapar del escrutinio público.
Entre los asistentes se identificó al exministro del Interior Juan José Santiváñez y al exprimer ministro Gustavo Adrianzén. Este último llegó con un paquete que, según el reportaje, podría haber sido un obsequio para la jefa de Estado. También participaron ministros en funciones como César Vásquez (Salud), Elmer Schialer (Relaciones Exteriores) y Juan Enrique Alcántara (Justicia), este último también portando un presente. Según la investigación periodística, a la medianoche llegaron mariachis para amenizar la celebración. Mientras que todo el personal y proveedores fueron instruidos para no registrar imágenes del evento.
La fiesta ha generado polémica por celebrarse en un inmueble público y en medio de un escenario político delicado. En redes sociales, ciudadanos cuestionaron el uso de recursos y espacios oficiales para eventos personales, mientras que analistas han criticado el estilo de gestión de Boluarte por priorizar fidelidades políticas antes que méritos técnicos. La participación de altos funcionarios en esta celebración refuerza la percepción de que se premia la lealtad con cargos estratégicos en el aparato estatal.
Una de las señales más evidentes de esta lógica ha sido el reciente nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú ante la ONU, solo semanas después de que renunciara al premierato en medio de cuatro mociones de censura por su desempeño. El anuncio fue hecho por su sucesor, Eduardo Arana, quien respaldó la designación impulsada por la Cancillería, calificándola de “atinada”. Adrianzén había ocupado un cargo similar como representante ante la OEA antes de asumir como primer ministro.
Otro caso es el de Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso por su incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. A pesar de ello, en menos de un mes fue designado como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, y luego como representante del Ministerio del Interior ante la Sucamec. Estas designaciones, junto a su presencia en la fiesta privada, confirman que la presidenta mantiene un círculo de confianza que premia incluso a quienes han salido cuestionados del Ejecutivo.
