Han pasado más de cuatro meses desde que un bus informal contratado por la Municipalidad Distrital de Majes se volcó en la Quebrada del Toro, dejando al menos nueve heridos graves. Entre ellos está Cecilia Zela Cahuapaza, madre de familia que hoy denuncia el abandono de las autoridades locales, pese a las promesas públicas de ayuda. La unidad sin autorización fue parte de un paseo pagado a Camaná, organizado por la comuna y con evidentes irregularidades en su contratación.
Viaje fatal
Cecilia Zela resultó con lesiones en la columna vertebral que hoy le impiden trabajar y movilizarse con normalidad. Necesita medicamentos, atención médica y alimentos para sus dos hijos menores, pero afirma que la Municipalidad de Majes no ha cumplido con el compromiso de apoyarla durante su proceso de recuperación. «Se han olvidado de mí», declaró, indignada por la indiferencia del alcalde Jenry Huisa Calapuja y la primera regidora Gladis Condori.
La mujer señaló que pagó 12 soles por el viaje de ida y vuelta, desmintiendo que se tratara de una actividad social gratuita. Ella y otros 150 vecinos abordaron los buses como parte de una caravana que no contaba con unidades autorizadas para realizar viajes interprovinciales. A raíz del accidente, sus hijos desarrollaron cuadros de ansiedad y miedo al transporte, lo que ha agravado su situación familiar y económica.
Según denunció, el apoyo ofrecido por la comuna fue solo verbal y se limitó a una breve visita inicial. Luego, tanto el alcalde, la regidora como el propietario del bus desaparecieron. Zela considera que hay una posible «confabulación» entre ellos para evadir responsabilidades. Otras víctimas habrían optado por guardar silencio por temor a represalias o por la influencia que ejerce la actual gestión en el distrito.
Bus era informal
La informalidad del bus fue confirmada por el regidor Elmer Taparaco y por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, que informó que la unidad de placa A0A-778 no figura en ningún registro formal. No contaba con autorización para brindar servicio de pasajeros, y su conductor —Marco Antonio Ccapa Palomino— huyó tras el accidente.
El contrato entre la comuna y el conductor fue firmado por el Subgerente de Servicios Sociales, José Emiliano Sosa Luna, sin pasar por una licitación ni verificar los antecedentes del vehículo. Este documento presenta múltiples vacíos, incluyendo la ausencia de huellas digitales y solo dos cláusulas vagas, lo que evidencia una falta total de control administrativo en la contratación del servicio.
Ante estas irregularidades, varios regidores solicitaron la separación de Sosa Luna del cargo. Sin embargo, lejos de ser sancionado, el funcionario fue premiado con un nuevo puesto como Gerente de Desarrollo Económico de Autodema. Esto ha generado mayor indignación entre los afectados y líderes vecinales.
Actualmente, la situación legal del caso sigue en curso, aunque sin avances visibles. Cecilia Zela ha optado por salir a las calles a pedir ayuda de la población para sobrevivir. Mientras tanto, la municipalidad no ha emitido un pronunciamiento claro ni ha implementado mecanismos de compensación para los heridos, lo que deja expuesta una grave negligencia institucional.
