Un grupo de comunidades campesinas han llegado desde La Unión, Caylloma, Caravelí, Condesuyos, Pocsi y Castilla para unirse en una movilización que busca la derogatoria de una ley que, según denuncian, amenaza con eliminar sus derechos de titulación de tierras comunales.
La Ley N.º 32293, aprobada recientemente por el Congreso, modifica la Ley N.º 24657 y permite formalizar ocupaciones informales en tierras comunales que se produjeron entre 2004 y 2015. Las comunidades señalan que esta ley fue aprobada sin consulta previa y vulnera derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas.
“Nos están quitando lo que el Estado nos otorgó hace años: el derecho a nuestros territorios”, señaló Carmen Vera, representante de las comunidades campesinas de Castilla. “Esta ley facilita que traficantes de terrenos y mineros ilegales se apropien de nuestras tierras. No lo vamos a permitir”.
La protesta no solo involucra a las comunidades de Arequipa, sino que busca articular un movimiento nacional. “Somos más de 6 mil comunidades a nivel nacional que estamos unidas en esta lucha. El Congreso debe escucharnos. Si no lo hace, seremos invisibilizados”, añadió Vera.
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De acuerdo a la representante de las comunidades campesinas, la norma no solo vulnera derechos adquiridos, sino que también podría incrementar las invasiones, generando violencia y desplazamientos. “Ya hemos visto cómo nuestras tierras son invadidas; más de un 20% de ellas están en riesgo. El Congreso tiene que respetar nuestros derechos, porque si hoy nos quitan las tierras, mañana desapareceremos como comunidades”, advirtieron.
Por ello han programado un paro general para el 23 y 24 de junio próximos. “Este es solo el inicio. Vamos a mantenernos firmes hasta que el Congreso derogue la ley. Estamos organizados y dispuestos a seguir movilizándonos”, reiteraron.
Los representantes comunales hicieron un llamado a todas las comunidades del país para sumarse a la protesta y, con ello, visibilizar la situación que enfrentan. “El Congreso tiene la obligación de proteger a las comunidades y no a los invasores ni a los mineros ilegales. Esta es una lucha por la vida y por el futuro de nuestras familias”, concluyeron.
